Uruguay y el espejismo de la
excepcionalidad del narcotráfico, lavado y una negación peligrosa.
Uruguay ha construido durante años una narrativa de
excepcionalidad regional, una democracia estable, con instituciones sólidas y
bajos niveles de violencia criminal en comparación con sus los países de la región.
Sin embargo, esa imagen comienza a resquebrajarse frente al avance silencioso
pero sostenido del narcotráfico y el lavado de activos en el país. El problema
no es solo la expansión del crimen organizado, sino la negación política e
institucional de su verdadera magnitud.
Mientras el gobierno sostiene un discurso de control y
eficiencia, la realidad muestra otra cara y más cruel, los homicidios en
niveles récord, aumento del sicariato, zonas urbanas cooptadas por
organizaciones criminales y un puerto que se ha convertido en una ruta “contraintuitiva”
del narcotráfico hacia Europa y Asia. Aun así, la respuesta estatal sigue
siendo fragmentada, reactiva y en muchos casos decorativa.
La lucha al narcotráfico no puede limitarse a incautaciones
esporádicas o a reforzar patrullajes en barrios vulnerables. La raíz del
problema es mucho más profunda y compleja. Hoy el narcotráfico opera como una
estructura empresarial, con capacidad logística, recursos financieros y redes
internacionales que superan la capacidad y los recursos del Estado. Uruguay ya
no es solo una zona de tránsito, Uruguay es una plataforma de exportación de cocaína
y lavado de activos.
El sistema de prevención y control del lavado de activos ha
sido debilitado. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de
Activos perdió peso político y técnico, los controles sobre beneficiarios
finales retrocedieron y los sectores más permeables al lavado como el
inmobiliario y el agronegocio siguen sin fiscalización eficaz. El resultado es
una economía formal cada vez más infiltrada por capitales ilícitos que corroen
la competencia y promueven impunidad.
La ausencia de voluntad política para enfrentar este fenómeno
de manera integral es quizás lo más preocupante y no es de ahora. Se privilegia
una visión punitiva y cortoplacista, en lugar de apostar por inteligencia
criminal, fortalecimiento institucional y cooperación internacional robusta con
la DEA y la EUROPOL. Sin una estrategia multidimensional que incluya justicia,
economía, desarrollo social y política exterior, el crimen organizado seguirá
avanzando, incluso sin hacer ruido como lo ha hecho hasta ahora.
La negación oficial y política, no es solo un error de
diagnóstico, es una renuncia anticipada a la verdadera lucha contra el narcotráfico
en todos sus niveles y estructuras. Mientras se siga apostando al relato del
“Uruguay distinto”, las estructuras criminales seguirán ocupando los vacíos del
Estado.
Cuando el poder narco se haga visible en los espacios de toma
de decisión política o empresarial, corrompido estructuras policiales y de justicia,
será demasiado tarde para corregir el rumbo y retomar ese País seguro reconocido
internacionalmente que supimos ser.
Edward Holfman