DIFERENCIAS ENTRE POLÍTICA CRIMINAL y POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

 

DIFERENCIAS ENTRE POLÍTICA CRIMINAL y POLÍTICA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

La política criminal y la política de seguridad pública son dos conceptos relacionados pero distintos, que se enfocan en el manejo de la seguridad y el control de la criminalidad en una sociedad.

A continuación, detallo sus diferencias clave:

1. Objetivos y enfoque

• Política criminal: Está centrada en la prevención, sanción y rehabilitación del delito. Su objetivo es regular el sistema de justicia penal, estableciendo las normas y estrategias para prevenir la delincuencia, castigar a los infractores y promover la reintegración social de los condenados.
• Política de seguridad pública: Su enfoque está en la protección de la ciudadanía y el mantenimiento del orden público. Busca reducir la violencia y otros delitos mediante la presencia de fuerzas de seguridad, la prevención del crimen y la coordinación entre diversas instituciones, incluyendo fuerzas policiales y organismos de inteligencia.

2. Ámbito de actuación

• Política criminal: Se ocupa principalmente de normas y leyes relacionadas con los delitos y las penas, el diseño del sistema judicial y penitenciario, la tipificación de conductas delictivas, y el proceso judicial penal.
• Política de seguridad pública: Está más centrada en la prevención y respuesta inmediata ante situaciones de riesgo (como el crimen organizado, delitos violentos, etc.), la seguridad en las calles, el control de situaciones de emergencia y la colaboración entre fuerzas de seguridad.

3. Instrumentos

• Política criminal: Utiliza herramientas como leyes penales, códigos procesales, tribunales de justicia, sistemas penitenciarios, y políticas de rehabilitación de delincuentes.
• Política de seguridad pública: Se basa en la acción preventiva y el uso de fuerzas policiales, tecnologías de vigilancia, operativos de seguridad, programas de prevención del delito (por ejemplo, programas comunitarios) y la cooperación con otras agencias de seguridad.

4. Naturaleza de las medidas

• Política criminal: Las medidas son, en su mayoría, punitivas o correctivas (castigos, penas, prisión), con un enfoque hacia la justicia y la rehabilitación.
• Política de seguridad pública: Se enfoca más en garantizar la seguridad preventiva mediante la vigilancia, el control de riesgos y la acción rápida ante delitos en curso.

5. Temática central

• Política criminal: Trata principalmente de delitos (tipificación, juzgamiento, penalización, etc.) y el sistema de justicia penal.
• Política de seguridad pública: Se ocupa más de la protección de la sociedad frente a amenazas inmediatas, como el crimen organizado, la violencia callejera, los desastres naturales, entre otros.

6. Tiempo de intervención

• Política criminal: Generalmente interviene después de que se comete un delito (enjuiciamiento, condena, etc.), aunque también puede incluir aspectos preventivos.
• Política de seguridad pública: Actúa principalmente antes, durante y después del delito, con el objetivo de prevenir y reducir las oportunidades para el crimen.

7. Instancias responsables

• Política criminal: Está bajo la responsabilidad del poder judicial, tribunales, sistemas penitenciarios y ministerios públicos.
• Política de seguridad pública: Generalmente es responsabilidad de las fuerzas de seguridad (policías, ejército, etc.), y puede involucrar a gobiernos locales y nacionales en la implementación de programas de seguridad.

En Resumen:

• La Política criminal: Regula el comportamiento criminal a través de leyes, sanciones y la administración de justicia penal.
• La Política de seguridad pública: Se enfoca en la protección de la sociedad mediante medidas preventivas, el control de la delincuencia y la gestión de la seguridad en el espacio público.

Ambas políticas son complementarias, pero tienen enfoques diferentes en cuanto a la forma de tratar el crimen y mantener la seguridad de la sociedad.

Edward Holfman.

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA. EN LA LUCHA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

 

LA PARTICIPACIÓN DE LAS FF.AA. EN LA LUCHA DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

La participación cada vez mayor de las fuerzas armadas en América Latina para enfrentar el crimen organizado transnacional, en particular el narcotráfico, se ha convertido en una estrategia común ante la ausencia de políticas de seguridad pública robustas y eficaces. Este fenómeno genera un debate amplio y dividido sobre su efectividad y las consecuencias que podría traer a largo plazo.

También el creciente uso de los “estados de excepción” por parte de los gobiernos para combatir el crimen organizado transnacional *COT como el narcotráfico, responde a una serie de factores complejos y ser una solución rápida, aceptada y reclamada por la población.  

El crimen organizado transnacional (*COT) es un negocio ilícito que se extiende por varios países, sin fronteras culturales, sociales, lingüísticas ni geográficas. Sus actividades pueden incluir el tráfico de drogas, armas, mercancías ilícitas, trata de personas, robo a mano armada, falsificaciones y blanqueo de capitales.

Podemos enumerar las razones de por qué los Gobiernos recurren a la intervención militar, la intervención de la Fuerzas Armadas en la lucha contra el *COT:

1. Debilidad de las instituciones policiales: En muchos países latinoamericanos, las instituciones policiales carecen de los recursos, la capacitación y la independencia necesarias para enfrentar al crimen organizado. La corrupción y la infiltración de grupos criminales en las fuerzas policiales también limitan su efectividad.

2. Poder del narcotráfico: El narcotráfico es un problema que trasciende fronteras y afecta profundamente las instituciones, la economía y la sociedad en general. Al ser una amenaza transnacional con altos niveles de violencia, los gobiernos recurren a las fuerzas armadas, percibidas como cuerpos con mayor capacidad de combate, armamento y disciplina para enfrentarlo.

3. Ausencia de políticas de seguridad estructurales: Muchos países de la región carecen de políticas de seguridad pública de largo plazo que aborden de manera integral los factores estructurales que fomentan el narcotráfico. Ante esta carencia, los gobiernos suelen recurrir a respuestas de corto plazo que, aunque visibles, no abordan las raíces del problema.

Los problemas y riesgos de utilizar esta estrategia en la lucha contra el COT.

1. Militarización de la seguridad pública: La participación prolongada de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública puede llevar a la militarización de la seguridad, lo que aumenta el riesgo de abusos de derechos humanos y de que los civiles sean tratados como combatientes, especialmente en zonas vulnerables o de conflicto.

2. Erosión de las instituciones democráticas: El rol de las fuerzas armadas debe estar claramente delimitado en una democracia. El uso de estas fuerzas en tareas de seguridad interna puede, con el tiempo, socavar las instituciones civiles y generar una dependencia del poder militar en la toma de decisiones de seguridad, reduciendo la transparencia y el control civil.

3. Pérdida de enfoque de las fuerzas armadas: Las fuerzas armadas, al asumir un rol de seguridad pública, se desvían de sus tareas primarias de defensa del Estado, y los recursos se destinan a una guerra interna que muchas veces no tiene un final claro. Esto podría debilitar la capacidad militar para defender al país en casos de amenazas externas.

Las alternativas y enfoques necesarios para evitar utilizar esta estrategia:

A. Fortalecimiento de las fuerzas policiales: Mejorar la capacitación, equipamiento y profesionalización de las fuerzas policiales es fundamental. Las policías requieren autonomía, transparencia y protocolos de supervisión para garantizar su efectividad y reducir la corrupción.

B. Desarrollo de políticas de seguridad a largo plazo: La seguridad ciudadana y la reducción del narcotráfico requieren políticas que combinen justicia social, educación y oportunidades económicas, especialmente en comunidades afectadas por el narcotráfico, para prevenir que estas se conviertan en fuentes de reclutamiento de los cárteles.

C. Colaboración internacional y cooperación regional: Dado que el narcotráfico es un problema transnacional, los países latinoamericanos deben coordinar esfuerzos de inteligencia, tecnología y recursos, apoyándose en instituciones internacionales para mejorar la efectividad sin depender de soluciones exclusivamente militares.

Después de este análisis primario, podemos arribar a la siguiente conclusión:

La intervención de las fuerzas armadas en la lucha contra el narcotráfico puede proporcionar resultados inmediatos, pero no es una solución sostenible ni integral. Es necesario que los Estados latinoamericanos desarrollen políticas de seguridad pública sólidas, robustas y eficaces, que incluyan tanto la profesionalización de las fuerzas policiales como estrategias sociales y económicas para abordar las causas del narcotráfico, especialmente el crimen organizado transnacional.

Edward Holfman EH

LA VIOLENCIA EXTREMA EN AMERICA LATINA

 

LA VIOLENCIA EXTREMA EN AMÉRICA LATINA.

La violencia extrema y la delincuencia en América Latina son fenómenos complejos que tienen múltiples causas interrelacionadas. Aunque cada país de la región tiene sus particularidades, existen varios factores comunes que contribuyen a esta situación.

Aquí detallo algunos de los principales factores que contribuyen :

 1. Desigualdad socioeconómica

La región de América Latina es una de las más desiguales del mundo en términos de distribución del ingreso. A pesar de los avances en algunas áreas, muchas personas siguen viviendo en condiciones de extrema pobreza o marginación, sin acceso adecuado a servicios de salud, educación o vivienda digna. Esta desigualdad crea un caldo de cultivo para el crimen, ya que las personas que sienten que no tienen oportunidades en la vida recurren a actividades ilícitas como una forma de sobrevivir o mejorar su calidad de vida.

2. Falta de acceso a oportunidades

La limitada oferta educativa y la escasez de empleos de calidad afectan a grandes sectores de la población, especialmente a los jóvenes. Esto genera frustración y desesperanza, lo que incrementa la vulnerabilidad de estas personas a ser reclutadas por grupos del crimen organizado. En muchos casos, el narcotráfico y otras actividades ilegales se presentan como alternativas para quienes no encuentran un futuro mejor a través de canales legales.

3. El narcotráfico y el crimen organizado

El tráfico de drogas es uno de los motores principales de la violencia en la región. América Latina, especialmente países como Colombia, México, y algunas naciones del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras), es un centro de producción, tránsito y distribución de drogas ilícitas hacia mercados como Estados Unidos y Europa. Las ganancias generadas por el narcotráfico alimentan a las organizaciones criminales, que luchan por controlar territorios, lo que genera enfrentamientos violentos. Además, la corrupción dentro de las fuerzas de seguridad y la política pública en muchos países facilita la expansión de estos grupos.

4. Corrupción institucional

La corrupción es otro factor que agrava la violencia y el crimen en muchos países de América Latina. En algunos casos, las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales están involucradas o cooptadas por el crimen organizado, lo que impide que se investiguen y castiguen los delitos de manera efectiva. La impunidad genera un ciclo de violencia, ya que los delincuentes no temen ser detenidos o condenados.

5. Debilidad del Estado de Derecho y el sistema judicial

En muchos países, el sistema judicial no funciona de manera eficiente ni justa. La falta de recursos, la corrupción, la sobrecarga de casos y la impunidad crean un entorno donde el crimen no se enfrenta con la misma firmeza que en otras regiones. Esto también afecta la confianza de la población en las instituciones, lo que a su vez contribuye a que las personas busquen soluciones extralegales o se sientan desprotegidas frente al crimen.

6. Cultura de violencia

La historia de muchos países latinoamericanos está marcada por dictaduras militares, conflictos armados internos y represión. En algunos casos, esto ha generado una "cultura de violencia" donde los conflictos se resuelven a través de la fuerza y la agresión. Aunque las democracias actuales han avanzado, en algunas sociedades persisten actitudes violentas, machistas y autoritarias, que alimentan la intolerancia y la agresión.

7. Problemas de salud mental y descomposición social

El estrés social generado por las desigualdades, el desempleo, la discriminación y la falta de un futuro prometedor, combinado con un limitado acceso a servicios de salud mental, lleva a muchas personas a desarrollar comportamientos violentos. En algunos casos, las víctimas de violencia se ven atrapadas en un ciclo de venganza y agresión, lo que perpetúa la violencia intergeneracional.

8. Inseguridad y desconfianza

La percepción de inseguridad también juega un papel importante. En muchas áreas urbanas, la delincuencia callejera y el robo son frecuentes, lo que genera una sensación de desconfianza entre las personas. Esta inseguridad genera un ambiente donde las comunidades se sienten cada vez más aisladas y donde las relaciones sociales se debilitan, lo que afecta la cohesión social y la capacidad de vivir en armonía.

 9. Factores externos

La globalización y los flujos de dinero ilícito también han tenido un impacto. El aumento de las redes de crimen organizado transnacional y la facilidad con que las organizaciones criminales mueven capitales a través de fronteras, junto con la falta de cooperación efectiva entre los países, han permitido que el crimen se globalice. Las políticas de "guerra contra las drogas" promovidas por Estados Unidos, aunque bien intencionadas, en ocasiones han exacerbado el conflicto y la violencia sin abordar las causas estructurales subyacentes.

10. Medios de comunicación y normalización de la violencia

Los medios de comunicación, especialmente en redes sociales, a veces juegan un papel en la normalización de la violencia. Sensacionalistas en ocasiones, estos medios pueden contribuir a una cultura de miedo o a una visión distorsionada de la realidad, donde se magnifica el crimen o se presenta de forma estereotipada a ciertos grupos, creando un ciclo de pánico y violencia.

Conclusión

La delincuencia y la violencia extrema en América Latina son el resultado de un conjunto de factores históricos, económicos, sociales y políticos. Abordar esta problemática requiere soluciones integrales que no solo se enfoquen en la respuesta represiva (policial o militar), sino también en la reducción de la desigualdad, la creación de oportunidades, la mejora de las instituciones y la promoción de una cultura de paz y convivencia.

Es un desafío enorme, pero no imposible de enfrentar con políticas públicas que sean inclusivas, con justicia social y con el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Edward Holfman