Comencemos por lo más obvio, lo más cómodo y políticamente correcto: las causas principales del aumento del delito son los bolsones de exclusión social y cultural que se han generado en la sociedad uruguaya producto de muchos años de fracturas, de crisis y de los procesos culturales a los que estamos sometidos.
La creciente participación de adolescentes en los delitos, es también porque la pobreza y la marginación en el Uruguay creció mucho más en esas franjas de edad alcanzando en algún momento el 60% de los menores de 18 años que vivían en la pobreza. Además se combinan otros dos factores: la pasta base impacta mucho más en los sectores jóvenes y adolescentes y son además – por su corta edad – más vulnerables a la sub cultura del delito y la marginación de la ley.
A eso debe agregarse que el déficit que durante muchos años, con gobiernos tradicionales y de izquierda se produjo en materia carcelaria la estamos pagando ahora, con generaciones de delincuentes más atrevidos, más feroces y ganados profundamente por la lógica del delito. Hay sectores de la sociedad uruguaya donde el rechazo al delito como forma de vida se ha debilitado enormemente. A nivel de algunos barrios e incluso de las familias. Es asumido como una forma de vida.
Robar, hurtar, rapiñar y, llegado el extremo secuestrar, agredir y hasta asesinar, entrar en la cárcel, salir y volver a delinquir. Es un ciclo y no una excepción.
Lo que todos sentimos es que no puede ser una casualidad que los delitos además de verlos por televisión, nos piquen cerca o dentro de nuestro núcleo. Amigos, familiares, vecinos, conocidos y nosotros mismos hemos sufrido delitos en los últimos meses. La cosa empeoró. Y eso es lo que ve, siente y nos conmueve.
La policía aclara y detiene a más delincuentes, la justicia los procesa, se comienzan a ver – todavía tímidamente – más policías en la vuelta, en las calles pero los chorros siguen robando, asaltando, asustando a la gente sobre todo en Montevideo y en Canelones y el sur de San José. La famosa área metropolitana.
En Punta del Este, fuera de los casos más sonados y mediáticos, es notorio que para la cantidad de turistas que nos visitan, de gente adinerada, de tentaciones para los delincuentes, la situación es diferente. No tienen ni cerca la proporción de la zona metropolitana. Es un dato.
Hay otro. Cualquiera que vaya a la meca del turismo, Punta del Este o a Colonia verá que las farmacias y los negocios están abiertos hasta tarde, con las puertas sin rejas y no les sucede nada. Comparen con Montevideo...
Y aquí entramos en los dilemas incómodos. Cuando los problemas adquieren esta gravedad y la sensación de que estamos perdiendo el control, siempre las soluciones son estructurales, integrales y requieren tiempo. Y ese es el primer dilema.
¿El gobierno cree que tiene el tiempo requerido para que las políticas sociales e integrales de seguridad den su resultado y se invierta la actual tendencia en materia de seguridad? ¿Cuánto llevará lograr que las políticas sociales reviertan los procesos que vuelcan al delito a mucha gente, sobre todo joven?
Hace falta un shock de seguridad, una política de impacto para darle tiempo a las políticas sociales y culturales a que cumplan su ciclo, incluso más, que puedan actuar. Si se consolidan algunas zonas de la capital dominadas por la delincuencia, no habrá política social que penetre y que pueda revertir la situación.
El dilema para el gobierno de izquierda es que una política de shock en materia de seguridad, atenta contra su discurso y contra buena parte de sus sensibilidades y no le alcanza con afirmar que la inseguridad afecta sobre todo a los más débiles, a los más pobres. Ya con eso no alcanza.
Una política de shock en materia de seguridad lo primero que tiene que hacer es ganar tiempo para que se puedan desplegar todas las baterías sociales, culturales que impacten en los procesos y los ciclos del delito.
Algunos se concentran en los aspectos operativos, en el despliegue de la policía, en su modernización y su equipamiento, en la utilización de modernas tecnologías. Todo eso es necesario imprescindible e insuficiente.
Hace falta mucho más y todo junto y rápido. En eso discrepo con mi colega Esteban Valenti en su último artículo “Crímenes y castigos”, la responsabilidad no se puede atribuir a todo el gobierno y a la sociedad. Es diluir las responsabilidades y en materia de seguridad eso puede ser muy grave.
¿Qué han hecho los países, las ciudades que afrontaron con éxito al delito, en Uruguay y en otras partes del mundo? Cambiar radicalmente la relación entre los potenciales delincuentes y los policías. Disuadir, prevenir y tener una capacidad e intensidad de respuesta muy superiores a los delincuentes. Siempre dentro de la ley.
Los que imaginan escenarios de respuesta más violenta de parte de la policía deberían saber que eso hace siempre más feroces y peligrosos a los delincuentes. El gatillo fácil es una escalada de los dos lados.
Lo que se hace en Punta del Este es bloquear la llegada de potenciales delincuentes, se los expulsa, es decir se los devuelve a sus lugares de origen para que roben y asalten en Montevideo y Canelones y se aumentan los efectivos y los medios policiales en la temporada. Expulsarlos de todo el país no podemos, pero la relación con la delincuencia hay que modificarla.
¿Se puede hacer eso en la zona metropolitana? Se puede y hay que hacerlo rápidamente o cada día será peor la situación. La redistribución de los efectivos en la capital, las cámaras y los centros electrónicos de vigilancia, la modernización del 911, el uso de policías de particular son cambios importantes e insuficientes.
Lo principal ya dejó de ser los aspectos operativos de la propia policía, hacen falta cambios más de fondo.
Hay que cambiar las leyes, disponer de algunos miles de nuevas celdas organizadas en prisiones de diferente categoría, de acuerdo a la peligrosidad de los detenidos y hay que asumir que durante unos cuantos años tendremos entre presos mayores y menores (rigurosamente separados) varios miles de detenidos más de los que tenemos actualmente.
Hay que sacar de circulación por periodos adecuados a los delincuentes que hoy son muchos y están sueltos. Para ello hay que garantizar cuatro cosas luego de ser detenidos: un proceso justo y rápido; que no se escapen; que tengan posibilidades de rehabilitarse y que al salir le ofrezcamos oportunidades. Es un ciclo, pero que tiene una parte incomoda: partiendo de la situación actual vamos a tener mucho más presos.
Esa es la única manera de modificar la relación entre el delito y el Estado, el delito y la sociedad en su conjunto. Para ello será necesario modificar las leyes, agravar penas; penar con mucha severidad el ciclo de la droga y en especial de la pasta base; penar severamente la reincidencia y a los que usan y delinquen con menores. Modificar de una buena vez el código del proceso penal.
Una política de shock en materia de seguridad implica una importante inversión en cárceles adecuadas, cosa que suena muy mal, porque de inmediato alguien se le puede ocurrir que sería mucho mejor gastar esos recursos en escuelas. Lo malo es que si no elegimos bien y a tiempo las prioridades en poco tiempo las tendencias no las podremos cambiar y los costos sociales, culturales y en el miedo y su contracara, la barbarie de la sociedad no tendrán arreglo. Hay países que ya están en esa etapa. Hay que invertir en cárceles, en seguridad y en educación. Todo junto.
También podemos esperar que venga algún Mesías de la seguridad y nos prometa y convenza una parte mayoritaria de la ciudadanía que hace falta mano muy dura y pesada aún al precio de ciertas libertades. Es cuestión de tiempo.
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