La deuda pendiente con la seguridad infantil.
La deuda pendiente con la seguridad infantil, cuando la ley no alcanza
El reciente caso ocurrido en el Departamento de Soriano en Río Negro,
donde dos niños fueron asesinados por su propio padre pese a existir medidas
cautelares en su contra, ha dejado al descubierto lo que muchos venimos
señalando desde hace años, en materia de protección a los más vulnerables,
Uruguay sigue atrapado entre discursos y papeles.
Entre la norma y la realidad
La Ley N.º 20.381, que dio vida a la Alerta
Amber Uruguay, fue aprobada en el año 2024 como un avance histórico. También lo
fue su reglamentación en febrero del año 2025. Sin embargo, cuando la vida de dos
menores estuvo en juego, la alerta nunca se activó.
La explicación oficial fue que se trataba de un
“secuestro con autor identificado” y no de una desaparición. Un tecnicismo
burocrático que, en la práctica, costó vidas.
Las medidas cautelares tampoco funcionaron. La prohibición de acercamiento no bastó, porque nunca se acompañó de herramientas de control real, como tobilleras electrónicas.
Una vez más, el Estado subestimó
el riesgo y falló en su deber de prevención.
El costo de la omisión
No es la falta de leyes lo que nos condena, sino la
ausencia de ejecución, coordinación y responsabilidad operativa.
Lo que está en juego no es la firma de convenios, ni
la foto política de una promulgación, sino la capacidad de actuar en los
primeros minutos la llamada “hora dorada” cuando aún se puede salvar una vida.
En el Departamento de Soriano - Río Negro, vimos a múltiples
instituciones desplegarse después de la tragedia, pero no vimos un sistema
proactivo de protección que hubiera impedido llegar a ese punto. La respuesta
fue reactiva, no preventiva y cuando se trata de niños, reaccionar tarde es no
reaccionar.
Qué hacer ahora
Uruguay no
puede seguir administrando la seguridad a golpe de luto. Hay pasos concretos e
inmediatos que deben asumirse sin excusas:
- Activación
obligatoria de la Alerta Amber en toda situación de riesgo vital de
menores, sin interpretaciones restrictivas.
- Control
electrónico efectivo de agresores con medidas cautelares, priorizando los
casos que involucran a niños.
- Difusión
masiva garantizada: desde SMS geolocalizados hasta cartelería vial,
pasando por medios y redes sociales.
- Simulacros
trimestrales para verificar que el sistema funciona en la práctica.
- Evaluación
pública post-evento: cada activación debe dejar aprendizajes y mejoras, no
quedar en silencio.
Un deber que no admite demora
La muerte de estos dos niños no puede quedar como
una estadística más. Debe ser un punto de inflexión que obligue al sistema
político y a las instituciones de seguridad a asumir que la vida de los menores
no puede depender de burocracias, excusas o tecnicismos.
La seguridad infantil no es un slogan, es una
obligación ética, jurídica y social. Uruguay necesita dejar atrás la cultura
del “ya veremos” y pasar a la del “ya actuamos”.
Porque cuando se trata de proteger a nuestros
niños, cada minuto cuenta, y cada omisión mata.
Edward Holfman EHM
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