Un Estado paralizado: Uruguay frente a la violencia homicida.
Un Estado paralizado: Uruguay frente a la violencia homicida
Editorial
La violencia homicida en Uruguay ya no puede describirse como un
fenómeno coyuntural. Se ha transformado en un patrón estructural,
marcado por la expansión del narcotráfico, la consolidación de organizaciones
criminales con base carcelaria y la incapacidad estatal de generar una
respuesta integral.
El dato más inquietante no es solo el aumento de muertes, sino la sensación
de anestesia institucional: un gobierno que observa reacciona tarde y se
aferra a discursos superficiales, mientras la criminalidad avanza en forma
organizada y sostenida.
Factores que explican la escalada
Narco como motor principal
El tráfico y microtráfico de drogas son el eje de los conflictos territoriales.
Las bocas de venta no solo generan consumo, sino también violencia: cada
cierre, lejos de estabilizar, provoca un reacomodo sangriento.
Cárceles como centros de mando
Bandas como los Fernández Albín, los Suárez o los Colorados
continúan organizando operaciones desde el Penal de Libertad y otros
establecimientos. El Estado custodia a los líderes, pero no impide que dirijan
negocios desde sus celdas.
Debilidad de la inteligencia
Fallas de anticipación, carencia de información procesada y la falta de
articulación entre organismos han dejado expuesta incluso a la propia
institucionalidad. El ataque contra la Fiscal de Corte es un síntoma claro: si
el sistema no logra proteger a su máxima autoridad, ¿qué puede esperar el
ciudadano común?
Desgaste policial
Con recursos humanos mal-distribuidos, exceso de funciones administrativas y
condiciones laborales precarias, la Policía se ha transformado en un actor reactivo,
incapaz de sostener estrategias preventivas efectivas.
Un Estado en silencio peligroso
Mientras tanto, el debate político se diluye en reproches y cálculos
partidarios. No hay un plan nacional de seguridad pública, lo que existe
es una política penitenciaria que suma operadores y policías al sistema
carcelario, pero descuida la seguridad ciudadana.
El riesgo es claro, el crimen organizado ocupa espacios donde el
Estado retrocede o se vuelve irrelevante, consolidando un poder paralelo
que intimida barrios, penetra en la economía informal y amenaza directamente la
democracia.
Qué debería hacerse
Diseñar una política criminal integral, con metas
verificables y compromisos institucionales más allá de los períodos de
gobierno.
Recuperar la inteligencia policial y estatal, con foco en logística, finanzas y alianzas internacionales del
narcotráfico.
Blindar la institucionalidad con
sistemas de protección eficaces para jueces, fiscales y testigos.
Reestructurar la distribución policial, reforzando
zonas críticas y modernizando su despliegue con tecnología.
Coordinar fuerzas: sin cooperación real entre
Policía, Fiscalía, sistema penitenciario y organismos financieros, la
fragmentación seguirá favoreciendo al crimen.
Uruguay no enfrenta una “sensación de inseguridad”: enfrenta una crisis real de seguridad pública, donde la violencia homicida y narco ya son un actor de poder.
El silencio o la pasividad del Estado se vuelve cómplice por omisión. Y cada
día que pasa sin respuestas firmes, la distancia entre legalidad y
criminalidad se acorta peligrosamente.
Edward Holfman EHM
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