lunes, 10 de diciembre de 2012
Seguridad en perspectiva: Terrorismo en México: víctimas y negación
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CIENCIAS DE LA SEGURIDAD: Triángulos del Delito
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viernes, 20 de julio de 2012
Uruguay es el pais menos violento de Latinoamerica
Mundo - LATINBARÓMETRO
Uruguay es el país menos violento de Latinoamérica, según informe
La inseguridad ciudadana es percibida como el principal problema en Latinoamérica por encima de los problemas económicos, de educación o salud
La inseguridad ciudadana es percibida por un 32 % de latinoamericanos como el principal problema en la región, por encima del desempleo, los problemas económicos, de educación y de salud, señala el informe del Latinobarómetro 2011, presentado este jueves en Lima.
La delincuencia, con un 28 %, y la violencia y las pandillas, con un 4 %, son la principal preocupación de los latinoamericanos que ven a sus sociedades como inseguras, una percepción que aumentó en cuatro puntos porcentuales en relación al año pasado.
El país señalado como el más violento es Guatemala y el menos violento es Uruguay, al recibir 7 y 4 puntos, respectivamente, en una escala del 1 al 10.
La directora ejecutiva del informe, la chilena Marta Lagos, remarcó que la violencia no está bien tipificada en los estudios que manejan los gobiernos, por lo que no se establecen políticas públicas que solucionen el problema.
"El documento revela que las informaciones que tienen hoy día los gobiernos sobre el tema de la delincuencia no son los indicadores adecuados para saber qué diablos está pasando con la delincuencia (...) porque tienen contrastes que no revelan la verdad de los niveles de violencia en la región", enfatizó Lagos.
Un ejemplo de ello es que, según las Naciones Unidas, Honduras tiene la mayor tasa de homicidios en el mundo, con un 82,1 por cada 1.000 personas, mientras que en el Latinobarómetro se señaló que su nivel de victimización, que corresponde a sufrir un asalto, agresión o haber sido víctima de un delito, es de 32%.
Según el estudio, la mayoría de los pobladores de América Latina percibe que vivir en su país es cada vez más inseguro, aunque señala que en los barrios donde habitan sí tienen seguridad.
"Este es un fracaso de la democracia, el haber conseguido que 600 millones de habitantes lleguen a un consenso respecto a que la delincuencia aumentó, independientemente de que uno pueda comprobar de que en mi país no es así (...) la percepción no tiene relación con la realidad", afirmó.
El informe muestra los grados de violencia que van desde el ámbito público hasta el intrafamiliar, y señala que algunas sociedades la toleran en un mayor nivel, por lo que no se refleja en las cifras.
"Los pueblos se acostumbran a los altos niveles de violencia, ya no la declaran en la vida diaria", sostuvo Lagos.
En promedio, un 16 % de los ciudadanos de la región no denuncia actos delincuenciales que hayan sufrido, mientras que un 33 % confía en la Policía.
Por otro lado, en América Latina hay una total incongruencia entre el nivel del narcotráfico y el lugar que ocupa en la agenda pública, lo cual lleva a una subvaloración del tema, según el estudio.
Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Apoyo, también presente en la cita, dijo que "no hay una presión de la opinión publica para enfrentar el narcotráfico".
"Entonces el narcotráfico sigue creciendo con cierta tolerancia social porque la población está preocupada más por los delitos que la afectan cotidianamente, pero no esta viendo a este monstruo que esta creciendo detrás", expresó Torres.
Lagos coincidió con esta opinión y señaló que el crimen organizado producido a causa del narcotráfico puede ser el talón de Aquiles de la consolidación de la democracia en la región.
"Hasta qué punto estos países pueden cantar victoria de que no tienen problemas de narcotráfico, cuando lo que no tienen es la conciencia del problema del narcotráfico, y como tal tampoco tienen la política pública que lo aborda", precisó.
En el caso de Perú, solo un 3 % consideró que el delito que se comete con más frecuencia en su país es el narcotráfico, pese a ser uno de los principales productores de drogas del mundo.
El estudio del Latinobarómetro se hizo a un muestra de más de 20.000 personas en 18 países de Latinoamérica.
jueves, 19 de julio de 2012
miércoles, 18 de julio de 2012
Declaraciones Ministro Bonomi sobre Seguridad Privada
Declaraciones de Bonomi. Seguridad privada
Hugo Mercatini | Montevideo@| “Las declaraciones vertidas por el ministro Bonomi a El País el pasado domingo 11 con respecto a la seguridad privada, me resultaron indignantes.
En la nota se hacen varias entrevistas a representantes de diversos barrios donde relatan de qué manera se están organizando para prevenir, aunque sea parcialmente, los delitos que de todo tipo se están produciendo en cada rincón de Montevideo. Ola de criminalidad que, como todos sabemos, aumenta vertiginosamente año a año, tanto en cantidad como en gravedad.
Cansados estamos de la inoperancia de las autoridades políticas cuyas respuestas son vagas, con conceptos generales, diplomáticamente correctos y tan obvios que hasta podemos adivinar la respuesta cuando escuchamos la pregunta de algún periodista.
El ministro dice que la seguridad privada no es la solución porque `tiene grandes limitaciones` y dice también que `el involucramiento ciudadano es fundamental para combatir la inseguridad pero no cree que la mejor forma de involucrarse sea sustituyendo a la Policía`. No entiendo de qué manera pretende que la ciudadanía se involucre. ¿El Sr. ministro cree que a la gente le gusta pagar nuevamente para tener lo que el Estado le debe proporcionar, seguridad, que ya la pagamos a través de los impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, ni en Uruguay ni en ninguna parte del mundo, pero la diferencia está en que los impuestos en otros países se ven reflejados en servicios.
En países serios se paga pero se tiene un sistema de salud público tan bueno o mejor que el privado; se paga pero se tiene una enseñanza pública tan buena o mejor que la privada; se paga pero se tiene una policía eficaz y seria donde la seguridad privada si bien existe se ve en condominios cerrados, súper exclusivos o abocados a la seguridad personal.
El ministro también dice: `No deben sustituir las tareas que competen a la Policía`, sino involucrarse de otra manera, en la `prevención y educación`. Es claro que no se pretende sustituir a la Policía, en primer lugar porque no pueden estar armados, ¿pero acaso no ayuda a prevenir? En muchos casos los guardias privados están en continua comunicación con la policía más cercana, celulares mediante. ¿Esto no es prevención? ¿Acaso el ministro no debería estar agradecido de la colaboración que los vecinos hacemos mediante la contratación de empresas privadas que ayudan a mantener el barrio vigilado, cuando esta tarea la debería cumplir el Ministerio del Interior?
Sabemos perfectamente que la seguridad privada es cara, precaria, en casi ningún caso se les permite el uso de armas de fuego y la preparación es deficitaria. Pero cómo será la situación que a pesar de todo preferimos tenerla.
En vez de criticar lo que la población hace, con enorme esfuerzo económico, para defenderse de la consecuencia de la inoperancia, negligencia e ignorancia de quienes nos gobiernan, ¿por qué no adoptan una actitud humilde, guardan silencio y aprenden? La ignorancia y la arrogancia juntas son la peor de las combinaciones, porque nunca se aprende”.
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Mujica impulsa la legalizacion de la marihuana en Uruguay
Mujica impulsa la legalización de la marihuana en Uruguay
El Ejecutivo presentará hoy un proyecto de ley que incluye la despenalización de la tenencia y la comercialización regulada de la marihuana. El objetivo es que los adictos a la pasta base se vuelquen hacia una droga considerada más blanda.
José "Pepe" Mujica busca con este proyecto combatir la inseguridad pública y tiene como base la "guerra a la pasta base". Foto: Archivo
El gobierno de Uruguay presentará hoy un proyecto integral sobre seguridad ciudadana, discutido en varios consejos de ministros y en el subgrupo integrado por las carteras de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores, y que incluye la despenalización de la tenencia y la comercialización regulada de marihuana.
Los anuncios serán en una conferencia de prensa, que la página de la Presidencia anunció para las 19 en la capitalina Torre Ejecutiva, sede del gobierno.
Como foco del plan está el ataque directo al consumo de la pasta base de cocaína y, en este sentido, una de las medidas que impulsará el Ejecutivo será la despenalización de la tenencia y la comercialización regulada de marihuana, coincidieron en adelantar la agencia Prensa Latina y sitios de diarios montevideanos.
Esa actividad comercializadora estará controlada por el Estado y no a través de empresas privadas, y la propuesta será implementada mediante una propuesta de legislación a través del Parlamento sobre al autocultivo de esa hierba.
El plan incluye un conjunto de medidas tendientes tanto a reducir la delincuencia como a penar con mayor severidad ciertos delitos, y contrarrestar la violencia creciente en Uruguay.
Desde hace un mes que las autoridades trabajan en el conjunto de medidas para enfrentar los delitos y actos violentos en general, y una de las iniciativas que trascendió apunta a equiparar el tráfico de pasta base con el homicidio.
Ayer, el presidente José Mujica convocó, a través de un mensaje de radio y televisión, a un mes de reflexión. "Parecería que a los uruguayos les cuesta darse cuenta que el primer valor sobre la tierra es la vida", señaló.
Con la excusa del aniversario del nacimiento del prócer José Artigas, Mujica exhortó a la población a repensar sus acciones individuales y colectivas y a tener mayor tolerancia para cuidar la vida, a la que consideró "el bien más preciado".
Según el diario El País, serán 16 las medidas que se anunciarán, entre ellas el armado de una red estatal de distribución de marihuana, con control de calidad y venta prohibida a menores, y la conformación de un registro de consumidores.
Las medias buscan "blanquear" el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y "correr" hacia una droga más blanda a los adictos a la pasta base.
Otra de las medidas prevé la internación compulsiva de los adictos a la pasta base, para lo cual equipos multidisciplinarios, integrados por personal de Salud Pública y Desarrollo Social, recorran zonas para detectar a los menores adictos.
Los anuncios serán en una conferencia de prensa, que la página de la Presidencia anunció para las 19 en la capitalina Torre Ejecutiva, sede del gobierno.
Como foco del plan está el ataque directo al consumo de la pasta base de cocaína y, en este sentido, una de las medidas que impulsará el Ejecutivo será la despenalización de la tenencia y la comercialización regulada de marihuana, coincidieron en adelantar la agencia Prensa Latina y sitios de diarios montevideanos.
Esa actividad comercializadora estará controlada por el Estado y no a través de empresas privadas, y la propuesta será implementada mediante una propuesta de legislación a través del Parlamento sobre al autocultivo de esa hierba.
El plan incluye un conjunto de medidas tendientes tanto a reducir la delincuencia como a penar con mayor severidad ciertos delitos, y contrarrestar la violencia creciente en Uruguay.
Desde hace un mes que las autoridades trabajan en el conjunto de medidas para enfrentar los delitos y actos violentos en general, y una de las iniciativas que trascendió apunta a equiparar el tráfico de pasta base con el homicidio.
Ayer, el presidente José Mujica convocó, a través de un mensaje de radio y televisión, a un mes de reflexión. "Parecería que a los uruguayos les cuesta darse cuenta que el primer valor sobre la tierra es la vida", señaló.
Con la excusa del aniversario del nacimiento del prócer José Artigas, Mujica exhortó a la población a repensar sus acciones individuales y colectivas y a tener mayor tolerancia para cuidar la vida, a la que consideró "el bien más preciado".
Según el diario El País, serán 16 las medidas que se anunciarán, entre ellas el armado de una red estatal de distribución de marihuana, con control de calidad y venta prohibida a menores, y la conformación de un registro de consumidores.
Las medias buscan "blanquear" el mercado de estupefacientes, quitándole un importante margen de ganancia a los narcotraficantes y "correr" hacia una droga más blanda a los adictos a la pasta base.
Otra de las medidas prevé la internación compulsiva de los adictos a la pasta base, para lo cual equipos multidisciplinarios, integrados por personal de Salud Pública y Desarrollo Social, recorran zonas para detectar a los menores adictos.
martes, 24 de enero de 2012
Ministerio del Interior adopta medidas para mejorar la seguridad ciudadana
AUNQUE DIGAN QUE NO
Ministerio del Interior adopta medidas para mejorar la seguridad ciudadana
24.01.2012
MONTEVIDEO, 24 Ene (UYPRESS) – La reestructura de la Jefatura de Montevideo, el fortalecimiento del Instituto Nacional de Rehabilitación y la extensión a todo el país de la Policía Comunitaria son los objetivos que el Ministerio del Interior presentó al Consejo de Ministros
El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, presentó las líneas de trabajo que orientarán los esfuerzos de la cartera durante el año 2012. Entre los proyectos del ministerio, Bonomi valoró la creación de cuatro inspecciones de zona del primer nivel de respuesta en el área de Policía Técnica. También resaltó el Programa de Capacitación Profesional y Control de Salud del Policía, que brindará entrenamiento en tiro, procedimientos y defensa personal a los policías de todo el país. En referencia al ingreso del personal subalterno a la Policía Nacional, Bonomi puntualizó que se realizará con la metodología de Uruguay Concursa. El Ministro afirmó además que se instalarán Mesas Locales para la Convivencia y Seguridad Ciudadana en diferentes departamentos, ya que se trata de un instrumento idóneo para el diseño de planes de seguridad barrial con la participación de los vecinos. Por otra parte, Bonomi dijo que las cárceles departamentales dependerán del Instituto Nacional de Rehabilitación y precisó que en 2012 se efectuará el pasaje de las cárceles de Canelones, Maldonado y Rivera.También informó que será creado un cuerpo policial especializado en seguridad penitenciaria y que continuará la coordinación entre el Patronato Nacional de Encarcelados y Liberados y organismos públicos y privados, para generar puestos de trabajo para personas privadas de libertad.
2012 Uruguay: los dilemas de la seguridad
2012 Uruguay: los dilemas de la seguridad
MONTEVIDEO, 17 Ene (UYPRESS/Florencio Luzardo) – Hablar de la inseguridad es muy incomodo, se viaja a altas velocidades por un pretil angosto y entre dos precipicios muy profundos. De un lado la dura realidad cotidiana y del otro las tradiciones legales democrática, en particular la sensibilidad social de la izquierda.
Comencemos por lo más obvio, lo más cómodo y políticamente correcto: las causas principales del aumento del delito son los bolsones de exclusión social y cultural que se han generado en la sociedad uruguaya producto de muchos años de fracturas, de crisis y de los procesos culturales a los que estamos sometidos.
La creciente participación de adolescentes en los delitos, es también porque la pobreza y la marginación en el Uruguay creció mucho más en esas franjas de edad alcanzando en algún momento el 60% de los menores de 18 años que vivían en la pobreza. Además se combinan otros dos factores: la pasta base impacta mucho más en los sectores jóvenes y adolescentes y son además – por su corta edad – más vulnerables a la sub cultura del delito y la marginación de la ley.
A eso debe agregarse que el déficit que durante muchos años, con gobiernos tradicionales y de izquierda se produjo en materia carcelaria la estamos pagando ahora, con generaciones de delincuentes más atrevidos, más feroces y ganados profundamente por la lógica del delito. Hay sectores de la sociedad uruguaya donde el rechazo al delito como forma de vida se ha debilitado enormemente. A nivel de algunos barrios e incluso de las familias. Es asumido como una forma de vida.
Robar, hurtar, rapiñar y, llegado el extremo secuestrar, agredir y hasta asesinar, entrar en la cárcel, salir y volver a delinquir. Es un ciclo y no una excepción.
Lo que todos sentimos es que no puede ser una casualidad que los delitos además de verlos por televisión, nos piquen cerca o dentro de nuestro núcleo. Amigos, familiares, vecinos, conocidos y nosotros mismos hemos sufrido delitos en los últimos meses. La cosa empeoró. Y eso es lo que ve, siente y nos conmueve.
La policía aclara y detiene a más delincuentes, la justicia los procesa, se comienzan a ver – todavía tímidamente – más policías en la vuelta, en las calles pero los chorros siguen robando, asaltando, asustando a la gente sobre todo en Montevideo y en Canelones y el sur de San José. La famosa área metropolitana.
En Punta del Este, fuera de los casos más sonados y mediáticos, es notorio que para la cantidad de turistas que nos visitan, de gente adinerada, de tentaciones para los delincuentes, la situación es diferente. No tienen ni cerca la proporción de la zona metropolitana. Es un dato.
Hay otro. Cualquiera que vaya a la meca del turismo, Punta del Este o a Colonia verá que las farmacias y los negocios están abiertos hasta tarde, con las puertas sin rejas y no les sucede nada. Comparen con Montevideo...
Y aquí entramos en los dilemas incómodos. Cuando los problemas adquieren esta gravedad y la sensación de que estamos perdiendo el control, siempre las soluciones son estructurales, integrales y requieren tiempo. Y ese es el primer dilema.
¿El gobierno cree que tiene el tiempo requerido para que las políticas sociales e integrales de seguridad den su resultado y se invierta la actual tendencia en materia de seguridad? ¿Cuánto llevará lograr que las políticas sociales reviertan los procesos que vuelcan al delito a mucha gente, sobre todo joven?
Hace falta un shock de seguridad, una política de impacto para darle tiempo a las políticas sociales y culturales a que cumplan su ciclo, incluso más, que puedan actuar. Si se consolidan algunas zonas de la capital dominadas por la delincuencia, no habrá política social que penetre y que pueda revertir la situación.
El dilema para el gobierno de izquierda es que una política de shock en materia de seguridad, atenta contra su discurso y contra buena parte de sus sensibilidades y no le alcanza con afirmar que la inseguridad afecta sobre todo a los más débiles, a los más pobres. Ya con eso no alcanza.
Una política de shock en materia de seguridad lo primero que tiene que hacer es ganar tiempo para que se puedan desplegar todas las baterías sociales, culturales que impacten en los procesos y los ciclos del delito.
Algunos se concentran en los aspectos operativos, en el despliegue de la policía, en su modernización y su equipamiento, en la utilización de modernas tecnologías. Todo eso es necesario imprescindible e insuficiente.
Hace falta mucho más y todo junto y rápido. En eso discrepo con mi colega Esteban Valenti en su último artículo “Crímenes y castigos”, la responsabilidad no se puede atribuir a todo el gobierno y a la sociedad. Es diluir las responsabilidades y en materia de seguridad eso puede ser muy grave.
¿Qué han hecho los países, las ciudades que afrontaron con éxito al delito, en Uruguay y en otras partes del mundo? Cambiar radicalmente la relación entre los potenciales delincuentes y los policías. Disuadir, prevenir y tener una capacidad e intensidad de respuesta muy superiores a los delincuentes. Siempre dentro de la ley.
Los que imaginan escenarios de respuesta más violenta de parte de la policía deberían saber que eso hace siempre más feroces y peligrosos a los delincuentes. El gatillo fácil es una escalada de los dos lados.
Lo que se hace en Punta del Este es bloquear la llegada de potenciales delincuentes, se los expulsa, es decir se los devuelve a sus lugares de origen para que roben y asalten en Montevideo y Canelones y se aumentan los efectivos y los medios policiales en la temporada. Expulsarlos de todo el país no podemos, pero la relación con la delincuencia hay que modificarla.
¿Se puede hacer eso en la zona metropolitana? Se puede y hay que hacerlo rápidamente o cada día será peor la situación. La redistribución de los efectivos en la capital, las cámaras y los centros electrónicos de vigilancia, la modernización del 911, el uso de policías de particular son cambios importantes e insuficientes.
Lo principal ya dejó de ser los aspectos operativos de la propia policía, hacen falta cambios más de fondo.
Hay que cambiar las leyes, disponer de algunos miles de nuevas celdas organizadas en prisiones de diferente categoría, de acuerdo a la peligrosidad de los detenidos y hay que asumir que durante unos cuantos años tendremos entre presos mayores y menores (rigurosamente separados) varios miles de detenidos más de los que tenemos actualmente.
Hay que sacar de circulación por periodos adecuados a los delincuentes que hoy son muchos y están sueltos. Para ello hay que garantizar cuatro cosas luego de ser detenidos: un proceso justo y rápido; que no se escapen; que tengan posibilidades de rehabilitarse y que al salir le ofrezcamos oportunidades. Es un ciclo, pero que tiene una parte incomoda: partiendo de la situación actual vamos a tener mucho más presos.
Esa es la única manera de modificar la relación entre el delito y el Estado, el delito y la sociedad en su conjunto. Para ello será necesario modificar las leyes, agravar penas; penar con mucha severidad el ciclo de la droga y en especial de la pasta base; penar severamente la reincidencia y a los que usan y delinquen con menores. Modificar de una buena vez el código del proceso penal.
Una política de shock en materia de seguridad implica una importante inversión en cárceles adecuadas, cosa que suena muy mal, porque de inmediato alguien se le puede ocurrir que sería mucho mejor gastar esos recursos en escuelas. Lo malo es que si no elegimos bien y a tiempo las prioridades en poco tiempo las tendencias no las podremos cambiar y los costos sociales, culturales y en el miedo y su contracara, la barbarie de la sociedad no tendrán arreglo. Hay países que ya están en esa etapa. Hay que invertir en cárceles, en seguridad y en educación. Todo junto.
También podemos esperar que venga algún Mesías de la seguridad y nos prometa y convenza una parte mayoritaria de la ciudadanía que hace falta mano muy dura y pesada aún al precio de ciertas libertades. Es cuestión de tiempo.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
jueves, 19 de enero de 2012
Derecho a poseer armas
Derecho a poseer armas
De Wikipedia, la enciclopedia libre
El derecho a la posesión de armas consiste en el derecho de cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas.
Este derecho suele estar asociado con Estados Unidos de América, donde, con pocas limitaciones por la ley, está plenamente reconocido. Pero en realidad sus orígenes son más antiguos y su interpretación original distinta a la actual.
La expresión original, en inglés, es "right to bear arms". El verbo "bear", polisémico, equivale aquí a "portar".
En 1689 fue reconocido el derecho a poseer armas para defensa personal -únicamente para los protestantes –en la que es su interpretación moderna. Este derecho formó parte de la Declaración de Derechos (Bill of Rights) del mismo año, que se incluye en la actual Constitución no escrita del Reino Unido. El derecho a poseer armas, como el resto del derecho anglosajón, fue exportado a Estados Unidos, Canadá, Australia y otros territorios.
Ahora bien, en las décadas siguientes a la promulgación, el Parlamento británico impuso numerosas restricciones que acabaron por abolir este derecho. La excepción fueron las Trece Colonias inglesas en Norteamérica: no sólo lo mantuvieron, sino que la metrópolis le cedió su regulación a sus autoridades locales. Y con la Independencia de los Estados Unidos la posesión de armas se convirtió en un derecho consagrado.
Los partidarios del control se justifican en el supuesto incremento de la delincuencia y la criminalidad, un hecho ampliamente discutido,[1] y a menudo apelan también a las "amenazas a la seguridad nacional". Por ejemplo, en el período de entreguerras los estados europeos controlaban las armas como prevención ante el comunismo, y actualmente el terrorismo islamista es esgrimido como nuevo argumento. Por su tradición, Estados Unidos aplica una solución contraria y permite a los ciudadanos tener armas para su defensa. De cualquier modo la mayoría de los países se reservan el control de las armas, impidiendo el acceso a los ciudadanos.
Para James Madison el fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso de que el Estado se extralimite (ver Movimiento de Milicias en EEUU). Madison fue de los primeros políticos en reconocer que el ejército puede amenazar la libertad de la nación. Y además señaló cómo los estados europeos restringían el acceso a las armas por los civiles -precisamente por asegurar su poder.
Alexander Hamilton señaló sus ventajas de cara a la creación de milicias. En Estados Unidos no hay más ejército que el federal, de modo que ningún estado de la Unión puede tener un ejército propio. Pero gracias al derecho a usar armas los gobiernos locales pueden formar milicias con los ciudadanos mejor preparados. Así no necesitan un ejército propio, y si excepcionalmente el ejército federal no puede actuar en algún estado, su gobierno podrá tomar la iniciativa.
Los defensores del derecho a poseer armas esgrimen también la Novena Enmienda. Ésta declara que ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos. Es decir, como el derecho a poseer armas existía antes que la Enmienda (y antes de la independencia de los Estados Unidos), no puede ser conculcado.
Con el tiempo, tanto el gobierno federal como las autoridades locales (estados y condados) crearon diversas políticas sobre control de armas. Hay registros de armas y de sus puestos de venta, criterios de selección de sus compradores (edad, salud mental, experiencia en armas y antecedentes penales) y alguna restricción a ciertos tipos. La mayoría de estas leyes no vulneran la Segunda Enmienda, mientras que el resto es objeto de discusión.
El artículo 21 de la Constitución Nacional afirma: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía".
•A: Toda clase de armas salvo artilladas y automáticas (véase armas de guerra), exclusiva para miembros del estado y de las FCS.
•B: Autodefensa, permite la tenencia y uso de armas cortas bajo estrictas legislaciones.
•C: Tenencia y posesión de armas cortas como complemento de la licencia TIP (Seguridad Privada).
•D: Licencia dedicada a la caza mayor en un contexto mayoritario, comprende rifles de ánima rayada y escopetas multifunción.
•E: Licencia dedicada a la caza menor en un contexto mayoritario, comprende escopetas.
•F: Documentación centrada en el empleo y tenencia de armamento de cara al tiro deportivo o tiro olímpico, comprende pistolas y carabinas.
•AE: Licencia orientada al empleo y tenencia de armas de avancarga operativas (no inutilizadas para colección).
•AEM: Licencia cuyo objetivo es otorgar, de cara a una futura obtención de la licencia F y bajo varias de sus mismas condiciones, el uso de armas enfocado a menores de edad españoles; esta licencia es difícil de obtener, no regula la posesión sino el empleo de las mencionadas armas de fuego, determina explícitamente que tal práctica debe llevarse a cabo en compañía de dos tiradores en el contexto de la licencia F (uno de ellos un tutor legal que, como ya se ha dicho, debe poseer la licencia F y estar federado, requisíto para obtener la licencia F, pero no para mantenerla)); comprende pistolas y carabinas.
La Constitución de 1857 contempla ya el derecho de posesión y portación de armas, que pasa a la Constitución de 1917, con cambios importantes pero añade dos limitaciones: la de armas prohibidas por el Estado o reservadas al ejército, y la de portar armas en lugares públicos de forma ilegal.
Artículo 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa... ...se podrá autorizar a los habitantes el porte de armas.[1]
Generalmente, los ciudadanos tienen como restricción:
Permiso para transporte y uso fuera de la milicia son expedidas para un máximo de 10 armas y por un año por la SEDENA para uso legal. El uso legal se contempla como el derecho de cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas. La obtención de permiso para uso en competencia o deportivo es usualmente fácil pero es frecuente que se solicite prueba de afiliación a una asociación relacionada. Existe un solo lugar autorizado en México para comprar un arma, en el Distrito Federal, en el UCAM (Unidad de Comercialización de Armamento y Municiones), administrado por el ejército. Los requerimientos para el transporte requieren que el arma este descargada y en su estuche, y solo es permitido disparar en sitios de tiro o perimetros establecidos de caceria, disparar en el campo es prohibido.
Algunas empresas de traslado de valores y seguridad privada también pueden operar con armas similares a las fuerzas del orden publico,esto es gracias a un permiso especial que se le da a dichas corporaciones privadas asi como una capacitacion especial que las certifica como portadoras de estas mismas,preferiendo modelos de escopetas y pistolas especiales de estandar americano.
Por el contrario el mercado negro de armamento en México ha aumentado de manera vertiginosa,gracias al crimen organizado,el narcotrafico y demas males que han convertido al pais en un muy buen comprador de este tipo de mercancia ilegal,aunado a esto muchos criminales podrian estar mejor armados que las fuerzas del orden local y federal,lo cual ha incapacitado en cierto modo el avance en la erradicación de la delincuencia principalmente pandillas urbanas y guerrillas se benefician de esto ya que estas bandas criminales necesitan armas de gruesos calibres para poder matar instantáneamente a mansalva a quien se atraviese, asimismo los ya permeados cuerpos de seguridad local entran en este mercado para obtener un poco mas de ingresos para sus familias, este problema de armamento ilegal y mercado negro está muy latente y podría tardar décadas en aminorar o desaparecer su presencia del país debido al alto nivel de corrupcion existente hoy en día.
Colombia Permite la tenencia y el porte de armas de fuego después de pasar por controles psicologicos, fisicos entre otros.
Más aún, los defensores consideran que el derecho a poseer armas reduciría la delincuencia y el crimen, por tener los ciudadanos capacidad para defenderse. Los detractores consideran que los ciudadanos no necesitan defenderse, pues su seguridad es responsabilidad del Estado. Pero también a esto replican los defensores, para quienes el Estado tiene un poder de acción limitado. En efecto, es responsable de la seguridad ciudadana, pero no es responsable de proteger a cada ciudadano, además de que tampoco es capaz. Por tanto, cada ciudadano ha de tener derecho a usar un arma, siempre en caso de que el Estado no pueda protegerlo. Este argumento no está libre de objeción tampoco. El propio hecho de que el Estado no pueda proteger a cada ciudadano individualmente, es que en los países en los que hay una regulación estricta sobre la posesión de armas de fuego, sea necesaria una licencia concedida por las autoridades competentes.
Es también cierto que muchos ciudadanos no usan responsablemente las armas, y no sólo en el caso de los criminales. Un ciudadano que no sepa manejarlas puede herir a otra persona y matarla. De ahí que los lobbies a favor del libre acceso a las armas promuevan cursos de idoneidad y perfeccionamiento como requisito para acceder a la tenencia de armas.
Este derecho suele estar asociado con Estados Unidos de América, donde, con pocas limitaciones por la ley, está plenamente reconocido. Pero en realidad sus orígenes son más antiguos y su interpretación original distinta a la actual.
La expresión original, en inglés, es "right to bear arms". El verbo "bear", polisémico, equivale aquí a "portar".
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Historia
Orígenes
El derecho a la posesión de armas surgió en Inglaterra en la Edad Media, cuando eran sentados los precedentes del Derecho anglosajón (Common Law) y la monarquía parlamentaria. En 1181 Enrique II promulgó una ley que requería a todo hombre libre a tener armas al servicio del rey. Es decir, el derecho a la posesión de armas estaba ligado al servicio militar.En 1689 fue reconocido el derecho a poseer armas para defensa personal -únicamente para los protestantes –en la que es su interpretación moderna. Este derecho formó parte de la Declaración de Derechos (Bill of Rights) del mismo año, que se incluye en la actual Constitución no escrita del Reino Unido. El derecho a poseer armas, como el resto del derecho anglosajón, fue exportado a Estados Unidos, Canadá, Australia y otros territorios.
Ahora bien, en las décadas siguientes a la promulgación, el Parlamento británico impuso numerosas restricciones que acabaron por abolir este derecho. La excepción fueron las Trece Colonias inglesas en Norteamérica: no sólo lo mantuvieron, sino que la metrópolis le cedió su regulación a sus autoridades locales. Y con la Independencia de los Estados Unidos la posesión de armas se convirtió en un derecho consagrado.
Los partidarios del control se justifican en el supuesto incremento de la delincuencia y la criminalidad, un hecho ampliamente discutido,[1] y a menudo apelan también a las "amenazas a la seguridad nacional". Por ejemplo, en el período de entreguerras los estados europeos controlaban las armas como prevención ante el comunismo, y actualmente el terrorismo islamista es esgrimido como nuevo argumento. Por su tradición, Estados Unidos aplica una solución contraria y permite a los ciudadanos tener armas para su defensa. De cualquier modo la mayoría de los países se reservan el control de las armas, impidiendo el acceso a los ciudadanos.
El derecho a poseer armas en el mundo
Pocos países reconocen la posesión de armas como un derecho constitucional.Estados Unidos
La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos recogió el derecho a poseer armas tanto en su interpretación medieval como en la moderna. Literalmente dice "A well regulated militia being necessary to the security of a free State, the right of the People to keep and bear arms, shall not be infringed." (traducido al español, "Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del Pueblo a tener y portar armas no será vulnerado"). Por tanto, para los partidarios del control de armas sólo alude a entidades oficiales como el ejército, mientras que para los defensores de la enmienda reconoce el derecho de todo individuo a poseer armas. Lo cierto es que los redactores de la Segunda Enmienda seguían la segunda interpretación, destacando James Madison y Alexander Hamilton.Para James Madison el fin de este derecho es garantizar al ciudadano su defensa en caso de que el Estado se extralimite (ver Movimiento de Milicias en EEUU). Madison fue de los primeros políticos en reconocer que el ejército puede amenazar la libertad de la nación. Y además señaló cómo los estados europeos restringían el acceso a las armas por los civiles -precisamente por asegurar su poder.
Alexander Hamilton señaló sus ventajas de cara a la creación de milicias. En Estados Unidos no hay más ejército que el federal, de modo que ningún estado de la Unión puede tener un ejército propio. Pero gracias al derecho a usar armas los gobiernos locales pueden formar milicias con los ciudadanos mejor preparados. Así no necesitan un ejército propio, y si excepcionalmente el ejército federal no puede actuar en algún estado, su gobierno podrá tomar la iniciativa.
Los defensores del derecho a poseer armas esgrimen también la Novena Enmienda. Ésta declara que ninguna ley puede violar derechos de los ciudadanos previamente reconocidos. Es decir, como el derecho a poseer armas existía antes que la Enmienda (y antes de la independencia de los Estados Unidos), no puede ser conculcado.
Con el tiempo, tanto el gobierno federal como las autoridades locales (estados y condados) crearon diversas políticas sobre control de armas. Hay registros de armas y de sus puestos de venta, criterios de selección de sus compradores (edad, salud mental, experiencia en armas y antecedentes penales) y alguna restricción a ciertos tipos. La mayoría de estas leyes no vulneran la Segunda Enmienda, mientras que el resto es objeto de discusión.
Canadá
La Constitución de Canadá no menciona expresamente el derecho a poseer armas, pero el derecho del ciudadano a la seguridad se puede considerar un reconocimiento implícito. En la práctica Canadá tiene unas leyes sobre armas tan flexibles como en Estados Unidos. Pero del mismo modo hay un intenso debate sobre su control, que choca con las competencias de los estados (Canadá es un estado federal, de los más descentralizados del mundo).Argentina
En la República Argentina rige la Ley Nacional de Armas y Explosivos, las normas que la modifican y sus decretos reglamentarios.[2] La autoridad de aplicación es Registro Nacional de Armas, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.El artículo 21 de la Constitución Nacional afirma: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la Patria y de esta Constitución, conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional. Los ciudadanos por naturalización, son libres de prestar o no este servicio por el término de diez años contados desde el día en que obtengan su carta de ciudadanía".
España
En el artículo 149.26, la Constitución de España declara que el Estado español "tiene competencia exclusiva sobre la producción, venta, posesión y uso de armas y explosivos". La situación en otros estados del Primer Mundo es similar y es objeto de discusión. España es, actualmente, la 2ª nación del mundo más restrictiva en materia de política de armas (justo detrás de Japón) La ley española no contempla, salvo casos determinados por autoridades competentes, es decir, casos en los que una persona o entidad resulte expuesta a un grave peligro, ningún uso ni tenencia de armamento que no se halle relacionado con: o bien el tiro deportivo o bien las distintas prácticas permitidas relacionadas con el deporte de la caza... En España, tras superar las correspondientes pruebas de actitud, si se cumplen los requisitos un ciudadano puede obtener las licencias que siguen:•A: Toda clase de armas salvo artilladas y automáticas (véase armas de guerra), exclusiva para miembros del estado y de las FCS.
•B: Autodefensa, permite la tenencia y uso de armas cortas bajo estrictas legislaciones.
•C: Tenencia y posesión de armas cortas como complemento de la licencia TIP (Seguridad Privada).
•D: Licencia dedicada a la caza mayor en un contexto mayoritario, comprende rifles de ánima rayada y escopetas multifunción.
•E: Licencia dedicada a la caza menor en un contexto mayoritario, comprende escopetas.
•F: Documentación centrada en el empleo y tenencia de armamento de cara al tiro deportivo o tiro olímpico, comprende pistolas y carabinas.
•AE: Licencia orientada al empleo y tenencia de armas de avancarga operativas (no inutilizadas para colección).
•AEM: Licencia cuyo objetivo es otorgar, de cara a una futura obtención de la licencia F y bajo varias de sus mismas condiciones, el uso de armas enfocado a menores de edad españoles; esta licencia es difícil de obtener, no regula la posesión sino el empleo de las mencionadas armas de fuego, determina explícitamente que tal práctica debe llevarse a cabo en compañía de dos tiradores en el contexto de la licencia F (uno de ellos un tutor legal que, como ya se ha dicho, debe poseer la licencia F y estar federado, requisíto para obtener la licencia F, pero no para mantenerla)); comprende pistolas y carabinas.
México
Las leyes de armas en México son de las más estrictas del mundo, comparable en muchos aspectos a las leyes en el Reino Unido, pero con penas más severas incluso para las faltas más menores.La Constitución de 1857 contempla ya el derecho de posesión y portación de armas, que pasa a la Constitución de 1917, con cambios importantes pero añade dos limitaciones: la de armas prohibidas por el Estado o reservadas al ejército, y la de portar armas en lugares públicos de forma ilegal.
Artículo 10.- Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legítima defensa... ...se podrá autorizar a los habitantes el porte de armas.[1]
Generalmente, los ciudadanos tienen como restricción:
- Pistolas de calibre .380 Auto o .38 Special, revólveres o menores en cada caso.
- Escopetas de 12 gauge o menor, con cañones mayores a 25 pulgadas (barril corto es prohibido)
- Rifles de "bolt action" y semi-automático
Permiso para transporte y uso fuera de la milicia son expedidas para un máximo de 10 armas y por un año por la SEDENA para uso legal. El uso legal se contempla como el derecho de cualquier individuo a la tenencia, uso y transporte de armas, con fines defensivos, deportivos y cinegéticos (como medio de supervivencia o deporte), sin perjuicio de otras actividades legales que pudieran realizarse con las mismas. La obtención de permiso para uso en competencia o deportivo es usualmente fácil pero es frecuente que se solicite prueba de afiliación a una asociación relacionada. Existe un solo lugar autorizado en México para comprar un arma, en el Distrito Federal, en el UCAM (Unidad de Comercialización de Armamento y Municiones), administrado por el ejército. Los requerimientos para el transporte requieren que el arma este descargada y en su estuche, y solo es permitido disparar en sitios de tiro o perimetros establecidos de caceria, disparar en el campo es prohibido.
Algunas empresas de traslado de valores y seguridad privada también pueden operar con armas similares a las fuerzas del orden publico,esto es gracias a un permiso especial que se le da a dichas corporaciones privadas asi como una capacitacion especial que las certifica como portadoras de estas mismas,preferiendo modelos de escopetas y pistolas especiales de estandar americano.
Por el contrario el mercado negro de armamento en México ha aumentado de manera vertiginosa,gracias al crimen organizado,el narcotrafico y demas males que han convertido al pais en un muy buen comprador de este tipo de mercancia ilegal,aunado a esto muchos criminales podrian estar mejor armados que las fuerzas del orden local y federal,lo cual ha incapacitado en cierto modo el avance en la erradicación de la delincuencia principalmente pandillas urbanas y guerrillas se benefician de esto ya que estas bandas criminales necesitan armas de gruesos calibres para poder matar instantáneamente a mansalva a quien se atraviese, asimismo los ya permeados cuerpos de seguridad local entran en este mercado para obtener un poco mas de ingresos para sus familias, este problema de armamento ilegal y mercado negro está muy latente y podría tardar décadas en aminorar o desaparecer su presencia del país debido al alto nivel de corrupcion existente hoy en día.
Otros países
Corea del Sur sanciona con la pena de muerte a cualquier individuo que posea o utilice armas de fuego.Colombia Permite la tenencia y el porte de armas de fuego después de pasar por controles psicologicos, fisicos entre otros.
Controversia
Defensa personal
El desarrollo en la fabricación de armas, especialmente de las armas cortas, ha agravado el debate entre la libertad y la restricción al uso de armas. El acceso a armas fáciles de usar está en cierta medida relacionado con la delincuencia y la criminalidad, lo que es un argumento recurrente de los partidarios de la restricción. Es decir, para ellos habría menos robos y asesinatos si la posesión de armas fuese limitada. Los defensores del derecho a poseer armas afirman que pasaría al revés, porque nacería un mercado negro de armas, imposible de controlar. Y los ciudadanos que observasen la ley estarían indefensos ante los malhechores, quienes sí estarían armados. Este argumento del mercado negro se ha probado válido precisamente en países en los que la vigilancia del estado sobre las armas ha sido más laxa, como las antiguas repúblicas soviéticas, pero en naciones de Europa Occidental esta situación no se ha producido y de hecho es más difícil acceder a un arma de fuego ilegal en cualquier estado de la Unión Europea que en los Estados Unidos, hecho que según los partidarios del control de armas vendría a contradecir el argumento del mercado negro.Más aún, los defensores consideran que el derecho a poseer armas reduciría la delincuencia y el crimen, por tener los ciudadanos capacidad para defenderse. Los detractores consideran que los ciudadanos no necesitan defenderse, pues su seguridad es responsabilidad del Estado. Pero también a esto replican los defensores, para quienes el Estado tiene un poder de acción limitado. En efecto, es responsable de la seguridad ciudadana, pero no es responsable de proteger a cada ciudadano, además de que tampoco es capaz. Por tanto, cada ciudadano ha de tener derecho a usar un arma, siempre en caso de que el Estado no pueda protegerlo. Este argumento no está libre de objeción tampoco. El propio hecho de que el Estado no pueda proteger a cada ciudadano individualmente, es que en los países en los que hay una regulación estricta sobre la posesión de armas de fuego, sea necesaria una licencia concedida por las autoridades competentes.
Es también cierto que muchos ciudadanos no usan responsablemente las armas, y no sólo en el caso de los criminales. Un ciudadano que no sepa manejarlas puede herir a otra persona y matarla. De ahí que los lobbies a favor del libre acceso a las armas promuevan cursos de idoneidad y perfeccionamiento como requisito para acceder a la tenencia de armas.
Equilibrio de poder
Otro argumento a favor de la posesión de armas fue usado por políticos como Madison y Hamilton, que introdujeron este derecho en la constitución de los EEUU. Un Estado que se arrogue la seguridad de sus ciudadanos es susceptible de corromperse y volverse contra ellos mismos. Todo ciudadano debe estar en condiciones de enfrentarse al Estado si viola sus derechos. De hecho las más conocidas dictaduras, desde la Italia fascista hasta la URSS, impusieron severos controles de armas. El principal problema de este argumento, según el punto de vista de sus detractores, es que dicho argumento pudo ser válido en cierta medida hace dos siglos, pero que hoy en día es ingenuo y poco realista pensar que una agrupación de ciudadanos armados podría hacer frente a un ejército profesional moderno incluidos los de los países considerados militarmente débiles. Sin embargo, la resistencia civil en muchos territorios actualmente ocupados por ejércitos, ha demostrado que esto no es así. Las armas en manos de civiles, si bien no pueden detener la ocupación territorial, pueden generar un alto coste político y militar al ejército ocupante haciéndolo deponer su actitud. Las armas en manos de civiles son por tanto la última línea de defensa de la soberanía que tiene un paísMinistro Bonomi al parlamento
Último Momento
Llamado a sala de Bonomi finalizó sin que se votara ninguna mociónEl llamado a sala del Ministro del Interior, Eduardo Bonomi, finalizó sin consecuencias ni expresiones de conformidad o disconformidad. A pesar de que la oposición se mostró en discordancia con lo expuesto por el jefe de la cartera, la comparecencia ante Comisión Permanente de legisladores quedó en el mismo punto en el que comenzó, sin que hubiera ninguna votación al finalizar el debate.
Desde las 11.30 horas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció ante la Comisión Permanente de legisladores junto con el subsecretario Jorge Vázquez. El titular de la cartera fue convocado al Parlamento para que informara sobre las medidas que prevé aplicar el gobierno para combatir la inseguridad.
El llamado a sala fue propiciado por el sector nacionalista de Alianza Nacional y planteado por los legisladores Javier García y Carlos Moreira la pasada semana.
"Luego de 3 hs apareció Bonomi", escribió en su cuenta de Twitter el diputado blanco Javier García a las 18.30 horas, aludiendo a cuando el ministro retomó la palabra luego de la exposición de varios parlamentarios.
Según García, Bonomi "ordenó (una) estrategia para dilatar y no responder lo que importa". Además, sostuvo que "contestó obligado y enojado" y pidió que "respete al Parlamento".
En la misma línea de pensamiento, el diputado Hernán Bonilla escribió: "Escuchando el llamado a comisión al Ministro Bonomi. Increíble cómo se leen informes sin sentido para eludir las preguntas de la oposición".
Por su parte, el diputado colorado Fitzgerald Cantero también se manifestó en la red social con una particular comparación: "Bonomi es como el capitán del Costa Concordia (el crucero encallado en la costa italiana): mientras el barco se hundía estaba en otra, pero en sus declaraciones posa de héroe".
POSICIONES . Más temprano, varios legisladores de la oposición fustigaron también a través de Twitter las explicaciones que el secretario de Estado está realizando ante la Comisión Permanente.
Pasado el mediodía, una vez comenzada la sesión en el Parlamento, el senador nacionalista Moreira citó estadísticas del Observatorio de Violencia y Criminalidad y señaló al respecto, que existe un "quiebre absoluto de la tendencia de los últimos años". Asimismo, indicó que es inadmisible tener "una sociedad con 9.600 presos" y un "70% de reincidencia".
"Es muy difícil decirle a la gente que no se arme", subrayó el senador de Alianza Nacional haciendo referencia a la inseguridad que la población siente en los últimos tiempos.
"La política de seguridad del gobierno fracasó, es más, no tiene política de seguridad", indicó por su parte Javier García al tomar su palabra. Según García, el movimiento de indignados desatado en Europa se compara con las manifestaciones sociales realizadas a causa de "la indignación de los uruguayos por la inseguridad". En tanto, Alfredo Solari pidió, directamente, la renuncia de Bonomi.
Bonomi, al momento de tomar la palabra, indicó que en lo que va de este año son 22 las personas fallecidas por homicidio y recordó que en el año 1993, cuando Carlos Moreira, hoy miembro interpelante, era Subsecretario del Interior, se registraron 49 asesinatos entre enero y febrero de ese año. "Sacar conclusiones por períodos cortos de tiempo no parece lo correcto", expresó el ministro.
Según Bonomi, la gran parte de la población delictiva se crió en la década del 90 por lo que concluyó que "no hubo prevención social del delito".
"Aunque su magnitud no es despreciable, el número de homicidios ocurridos durante los primeros días de en enero del año en curso, nada dicen sobre lo que cabe esperar en febrero", indicó Bonomi. El diputado nacionalista Javier García escribió en su cuenta de Twitter que el secretario de Estado aseguró que una de las causas de la ola de homicidios se debe a que en esta época del año "los días son más largos y de características estival".
Bonomi utilizó también un informe del Observatorio de Violencia, publicadas en un informe por el director del organismo, Soc. Javier Donnángelo.
A través de su cuenta Twitter, Pedro Bordaberry expresó que las explicaciones brindadas por Bonomi son de características "escolares".
Bonomi señaló además que las estadísticas de estos días no aseguran que dicha tendencia vaya a mantenerse durante todo el período anual. Por otra parte y en referencia a los delitos cometidos en órbitas comerciales, el ministro señaló que si bien aumentaron también se sumaron 40.000 locales comerciales nuevos entre 2010 y 2011. Al respecto, García indicó en la red social que para Bonomi "los comercios aumentan el riesgo… ¡Brutal!".
Asimismo, señaló que, según Bonomi, todos los homicidios tienen una explicación y no "son tales sino hechos sociológicos".
"Es todo desmesurado y transitorio (…) hay que esperar", expresó el ministro.
Desde las 11.30 horas, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, compareció ante la Comisión Permanente de legisladores junto con el subsecretario Jorge Vázquez. El titular de la cartera fue convocado al Parlamento para que informara sobre las medidas que prevé aplicar el gobierno para combatir la inseguridad.
El llamado a sala fue propiciado por el sector nacionalista de Alianza Nacional y planteado por los legisladores Javier García y Carlos Moreira la pasada semana.
"Luego de 3 hs apareció Bonomi", escribió en su cuenta de Twitter el diputado blanco Javier García a las 18.30 horas, aludiendo a cuando el ministro retomó la palabra luego de la exposición de varios parlamentarios.
Según García, Bonomi "ordenó (una) estrategia para dilatar y no responder lo que importa". Además, sostuvo que "contestó obligado y enojado" y pidió que "respete al Parlamento". En la misma línea de pensamiento, el diputado Hernán Bonilla escribió: "Escuchando el llamado a comisión al Ministro Bonomi. Increíble cómo se leen informes sin sentido para eludir las preguntas de la oposición".
Por su parte, el diputado colorado Fitzgerald Cantero también se manifestó en la red social con una particular comparación: "Bonomi es como el capitán del Costa Concordia (el crucero encallado en la costa italiana): mientras el barco se hundía estaba en otra, pero en sus declaraciones posa de héroe".
POSICIONES . Más temprano, varios legisladores de la oposición fustigaron también a través de Twitter las explicaciones que el secretario de Estado está realizando ante la Comisión Permanente.
Pasado el mediodía, una vez comenzada la sesión en el Parlamento, el senador nacionalista Moreira citó estadísticas del Observatorio de Violencia y Criminalidad y señaló al respecto, que existe un "quiebre absoluto de la tendencia de los últimos años". Asimismo, indicó que es inadmisible tener "una sociedad con 9.600 presos" y un "70% de reincidencia".
"Es muy difícil decirle a la gente que no se arme", subrayó el senador de Alianza Nacional haciendo referencia a la inseguridad que la población siente en los últimos tiempos.
"La política de seguridad del gobierno fracasó, es más, no tiene política de seguridad", indicó por su parte Javier García al tomar su palabra. Según García, el movimiento de indignados desatado en Europa se compara con las manifestaciones sociales realizadas a causa de "la indignación de los uruguayos por la inseguridad". En tanto, Alfredo Solari pidió, directamente, la renuncia de Bonomi.
Bonomi, al momento de tomar la palabra, indicó que en lo que va de este año son 22 las personas fallecidas por homicidio y recordó que en el año 1993, cuando Carlos Moreira, hoy miembro interpelante, era Subsecretario del Interior, se registraron 49 asesinatos entre enero y febrero de ese año. "Sacar conclusiones por períodos cortos de tiempo no parece lo correcto", expresó el ministro.
Según Bonomi, la gran parte de la población delictiva se crió en la década del 90 por lo que concluyó que "no hubo prevención social del delito".
"Aunque su magnitud no es despreciable, el número de homicidios ocurridos durante los primeros días de en enero del año en curso, nada dicen sobre lo que cabe esperar en febrero", indicó Bonomi. El diputado nacionalista Javier García escribió en su cuenta de Twitter que el secretario de Estado aseguró que una de las causas de la ola de homicidios se debe a que en esta época del año "los días son más largos y de características estival".
Bonomi utilizó también un informe del Observatorio de Violencia, publicadas en un informe por el director del organismo, Soc. Javier Donnángelo.
A través de su cuenta Twitter, Pedro Bordaberry expresó que las explicaciones brindadas por Bonomi son de características "escolares".
Bonomi señaló además que las estadísticas de estos días no aseguran que dicha tendencia vaya a mantenerse durante todo el período anual. Por otra parte y en referencia a los delitos cometidos en órbitas comerciales, el ministro señaló que si bien aumentaron también se sumaron 40.000 locales comerciales nuevos entre 2010 y 2011. Al respecto, García indicó en la red social que para Bonomi "los comercios aumentan el riesgo… ¡Brutal!".
Asimismo, señaló que, según Bonomi, todos los homicidios tienen una explicación y no "son tales sino hechos sociológicos".
"Es todo desmesurado y transitorio (…) hay que esperar", expresó el ministro.
El País Digital
Adiós a las armas
Seguridad: leyes por armas y menores
Adiós a las armas
19.01.2012 18:46
- El gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para reglamentar el porte de armas. El subsecretario del Interior, Jorge Vázquez, dijo que, además, el Ejecutivo analiza aumentar la responsabilidad de los padres de menores infractores, y que el aumento de los delitos se desacelera.
El subsecretario del Interior Jorge Vázquez dijo este jueves que el gobierno tiene pronto un proyecto de ley que reglamenta el porte de armas, y que llegará en breve al Parlamento. En declaraciones recogidas por el portal de Presidencia, Vázquez reiteró que, desde el Ministerio, no se recomienda a la gente que se arme, y recordó que, muchas veces, los actos de justicia por mano propia, como el ocurrido el miércoles en el Cerro, culminan con daños a terceros. En ese caso, una mujer resultó herida de gravedad en la cabeza, tras un disparo proveniente presuntamente del arma de un comerciante que salió a perseguir a unos jóvenes que lo habían asaltado. "El mal uso de las armas y la respuesta inadecuada lleva a que haya víctimas inocentes", dijo.
Este proyecto contempla también restricciones a la compra de armas, y delitos vinculados a la tenencia. Vázquez se refirió también a uno de los grandes reclamos de la ciudadanía, de incrementar el número de funcionarios policiales en las calles. En ese sentido, explicó que "solamente con eso no se soluciona el problema de la seguridad ciudadana", y puntualizó que, desde la cartera, se viene trabajando en la mejora de infraestructura. En 2011, dijo, el 96% del presupuesto del Ministerio se orientó a ese menester. "Todos estos cambios implican un proceso. Tenemos que intercalar con un sistema de trabajo anterior, formas nuevas de trabajo", dijo Vázquez.
Vázquez apuntó que ya se percibe una disminución del crecimiento de número de delitos, y que tienden a "constituir una meseta" para luego comenzar a bajar. Uno de los temas que preocupa en esa materia es el de los menores infractores. Para el jerarca, "cuando se piensa que la familia es el lugar donde se transmiten valores, no se pueden transmitir valores de carácter delictivo. Ahí hay una responsabilidad del Estado de proteger a los menores frente a esa situación", y, por ese motivo, el gobierno estudia la posibilidad de que el Estado asuma la responsabilidad de lo menores en esa situación.
Montevideo Portal
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