Las FFAA en actividades de combate contra el crimen organizado
Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como Instituciones Armadas del Estado cumplen cometidos y funciones diferentes. Las Fuerzas Armadas, tienen como misión fundamental la defensa y soberanía del Estado frente a agresiones externas y la Policía Nacional tiene la misión de mantener el orden público y la seguridad interior del Estado.
Las dos instituciones se preocupan por proteger al ciudadano de diferentes formas y de distintas amenazas. De hecho, tanto la profesión militar como la policial requieren que quienes integren sus filas posean la vocación que les permita cumplir con su deber y la misión para la cual fueron contratados.
Foto: El Universo
En el caso de las Fuerzas Armadas, son preparadas para la guerra, que es "un acto de violencia diseñado para obligar al adversario a someterse a nuestra voluntad". En este sentido los soldados, personal militar, son entrenados para utilizar la violencia contra sus enemigos a fin de salvaguardar los intereses y la soberanía del Estado.
Por otro lado, los valores, el entrenamiento y la doctrina de la institución policial son diferentes y se orientan a mantener el orden público, en todos los casos, y salvaguardar la vida de los ciudadanos, incluyendo a quien quebrante las leyes porque su fin último está direccionado a preservar la vida del ciudadano (para ser juzgado) y no a tomarla
Invertir los roles de las Fuerzas Armadas y asignarles tareas de índole policial puede generar riesgos para el propio personal militar cuya preparación básica en este tipo de actividades no lo convierte en un funcionario policial, puesto que "desmotiva y desprofesionaliza al poder militar al tiempo que militariza la policía".
Varios son los problemas observados y analizados por los académicos, la justicia, cuando se habla sobre la participación de las fuerzas armadas en actividades policiales, lo primero y clave es la inexperiencia de los soldados al relacionarse con los ciudadanos que quebrantan la ley, por nombrar un ejemplo concreto y palpable.
La evidencia refleja, muestra y revela, que la militarización de la seguridad ciudadana ha intensificado el contexto de violencia y las violaciones a derechos humanos derivadas de la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública.
La estrategia de seguridad global hace uso de un discurso que privilegia la acción militar como método efectivo para alcanzar la paz y el orden deseados. Dicho discurso, por su alto grado de legitimidad, es incorporado en el orden nacional, y se vincula con nociones como la identidad nacional, la unidad y la seguridad, a partir de conceptos como seguridad nacional, seguridad pública, incluso seguridad ciudadana, para justificar la utilización de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia organizada y en especial al narcotráfico.
Las crisis de seguridad pública, se acentúa en las respuestas de la Fuerzas Armadas desde la perspectiva de securitización de la seguridad ciudadana, donde los gobiernos se muestran incapaces de asegurar ciertos niveles de seguridad y de proveer las necesidades básicas de la población, en los procesos de militarización de la seguridad ciudadana, agravada cuando las fuerzas policiales, demuestran su incapacidad de protección y seguridad a la población y se acude a las fuerzas armadas como una línea natural, espontánea, evidente, con el Gobierno para restablecer la seguridad ciudadana de un Estado.
El enfoque securitario o militarista concibe la seguridad como fin en sí mismo. El uso de la fuerza es el medio principal para lograr su objetivo central, que es la seguridad del Estado y sus instituciones, aunque esto signifique sacrificar derechos y libertades de los ciudadanos.
El modelo de securitización, prevalece el enfoque reactivo y militarista de la seguridad ciudadana, el cual ha demostrado ser poco eficaz, y para nada una mejora de los indicadores en materia de seguridad ciudadana ejemplos sobran.
Desde algunos actores políticos y desde el propio Estado se plantea muchas veces, la participación de las fuerzas armadas en la lucha contra el crimen organizado especialmente contra el narcotráfico. Esto demuestra la incapacidad o falta de una estrategia en el combate al crimen organizado especialmente al delito de narcotráfico.
Esto tiene que ver con una especie de pacto implícito, tácito, con el fin de evitar la violencia extrema en nuestra sociedad, los enfrentamiento del crimen organizado con la fuerza policial, evitar los conflictos armados entre grupos del crimen organizado, que el gobierno muchas veces decidió tolerarlo, pero esa tolerancia se les fue de las manos.
Es importante hacer una mea culpa y reconocer el error en el combate del crimen organizado y del narcotráfico en Uruguay se habla de la lucha contra el narcotráfico, pero tenemos serios problemas de radarización, no tenemos scanner funcionando correctamente en el puerto de Montevideo y lejos estamos de tener organismos dotados de recursos humanos y tecnológicos para el combate del lavado de activos.
Es ahí y en ese momento que Uruguay se convierte en lugar de tránsito, acopio y tráfico de drogas, lo cual fortaleció a los grupos de crimen organizado y narcotraficantes que operaban en nuestro país, criminales locales y extranjeros y una plaza atractiva para el lavado de dinero.
La incapacidad de los gobiernos para asumir sus responsabilidades como garantizar la protección, seguridad y de proveer las necesidades básicas de la población hoy tiene en crisis no solo la seguridad ciudadana, también la soberanía de un País, ejemplo claro es Ecuador.
La pérdida de poder, expresada en el limitado control territorial y social que tienen algunos Estados, queda de manifiesto con la incapacidad tras un discurso de securitización (utilización de las Fuerzas Armadas en la lucha del crimen organizado) con la promesa de devolver el orden interno y reducir las amenazas de seguridad del crimen organizado.
La normalización del discurso en torno a la lucha contra las drogas, arraigadas en amenazas creadas desde lo político institucional, favorecen el accionar de las fuerzas armadas. La incorporación de las fuerzas armadas en la esfera de la seguridad ciudadana, sostenida en el supuesto de que los actos de violencia realizados por grupos vinculados al crimen organizado trastocan la soberanía de los Estados y representan un riesgo, termina por legitimar un Estado de excepción permanente que exige el accionar de las Fuerzas Armadas, en aras de mantener un orden interno.
Hoy tenemos que valorar el uso de las fuerzas armadas en temas de seguridad ciudadana, para que esto no se convierta en una práctica común y que normalicemos. Hoy es clave fortalecer las fuerzas policiales, con recursos humanos, equipos técnicos, armamento, tecnología y capacitación.
Hay evidencia empírica de que el enfoque securitizador de la seguridad ciudadana, la utilización de las Fuerzas Armadas, no está disminuyendo la criminalidad y menos aún al crimen organizado. La temporalidad de su participación es otro elemento a tener en cuenta. En aquellos países que toman esta medidas de excepción hoy las han normalizado y el uso de las fuerzas armadas en seguridad ciudadana se ha perpetrado en el tiempo.
El Estado justifica la incursión de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana desde una visión de seguridad nacional y da paso a la configuración de un conflicto armado o guerra interna, al convertir las amenazas internas de las organizaciones criminales, en riesgos para la soberanía nacional.
Edward Holfman
