Presupuesto penitenciario, no de seguridad pública.

 

Presupuesto penitenciario, no de seguridad pública.

El proyecto de Ley de Presupuesto del Ministerio del Interior revela una contradicción central entre el discurso de campaña del actual presidente Yamandú Orsi y las prioridades reales que se reflejan en el texto: mientras se prometió reforzar la seguridad pública, lo que aparece en los artículos 91 a 145 es un presupuesto volcado casi exclusivamente al sistema penitenciario.



👉Mil cargos… pero en las cárceles

El proyecto crea 500 policías ejecutivos y 500 operadores penitenciarios para el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), a incorporarse entre 2026 y 2027

Se trata de la única incorporación masiva de personal prevista en el presupuesto. No hay ingresos similares para comisarías, patrullaje, investigaciones, respuesta rápida ni unidades de proximidad.

Mientras tanto, la Policía Nacional sigue operando con déficits notorios de personal y recursos en el territorio. No hay más efectivos en la calle, ni nuevas partidas relevantes para fortalecer la prevención y disuasión del delito.


👉Lo prometido vs. lo presentado

El compromiso público de Orsi, difundido durante la campaña, incluía según el documento comparativo analizado medidas estructurales de alto impacto:

  • Incorporación de 2.000 nuevos policías entre 2025 y 2030
  • Aumento salarial general a la Policía
  • Préstamos vía BROU
  • Nuevo estatuto para funcionarios penitenciarios
  • Mejores condiciones de trabajo y bienestar policial (vivienda, alimentación para zonas rurales, salud mental, etc.)

*Nada de eso aparece en este presupuesto.
Hay compensaciones puntuales para tareas en cárceles, bomberos, y algunas reformas administrativas internas (ascensos, educación policial, cambios en estructuras como Investigaciones, Lavado de Activos o Cibercrimen).


👉Más cárceles, misma inseguridad

El mensaje político implícito es claro: más capacidad para encerrar, pero no para prevenir. Este tipo de enfoque reactivo y punitivo puede elevar la población carcelaria, pero no reduce la inseguridad cotidiana que viven los ciudadanos.

La falta de inversión en prevención territorial perpetúa el ciclo que hoy se observa: delitos que se multiplican, policías agotados y cárceles cada vez más saturadas.


👉Un rumbo preocupante

Presentar un presupuesto que ignora el déficit de personal policial en el territorio, sin cumplir con las metas de fortalecimiento prometidas, es una señal de alerta política e institucional.

Si el Estado solo invierte en cárceles y no en prevención, la inseguridad seguirá creciendo a pesar de encarcelar más personas.


Este presupuesto no es de seguridad pública; es un presupuesto penitenciario.

Edward Holfman EHM

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