Un sistema penitenciario al borde del colapso
Un sistema penitenciario al borde del colapso
La comparecencia del ministro del Interior, Carlos Negro, ante la Comisión Especial de Seguridad Pública y Convivencia del Senado, volvió a poner en evidencia la fragilidad del sistema penitenciario uruguayo. La convocatoria, realizada por iniciativa del senador Luis Alberto Heber, se motivó en un hecho tan grave como repetido: la fuga de 16 reclusos en lo que va de la actual administración.
La información presentada no hace más que confirmar lo que desde hace años distintos informes vienen señalando: el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) opera en condiciones críticas.
Recursos humanos al límite
Uno de los datos más alarmantes fue aportado por la directora en comisión: el 20% de la plantilla del INR está certificada o en proceso de baja. En total, el sistema cuenta con unos 4.300 funcionarios, entre policías y operadores penitenciarios. Sin embargo, este número es engañoso.
Cuando se descuenta al personal que cumple funciones administrativas y no tiene contacto directo con los reclusos, la proporción se reduce a un funcionario cada 19 presos. Pero la situación se agrava aún más si se considera la rotación de los turnos: en la práctica, la ecuación es de un funcionario cada 64 internos.
La ecuación imposible
En este contexto, las fugas no son casualidad ni excepción: son la consecuencia lógica de un sistema desbordado y sin la capacidad mínima de control. La ecuación es imposible de sostener. Ningún modelo penitenciario en el mundo puede garantizar seguridad, rehabilitación ni reinserción con una dotación de personal tan reducida y sobrecargada.
El problema, lejos de ser coyuntural, es estructural. No se trata solo de fugas: es la convivencia diaria en cárceles hacinadas, con violencia interna, mafias carcelarias y una mínima o nula presencia del Estado en términos de rehabilitación.
Responsabilidad política e institucional
La comparecencia del ministro Negro, lejos de tranquilizar, expone la ausencia de una estrategia clara y sostenida para revertir este cuadro. El país sigue atrapado en un círculo vicioso: fugas, escándalos, parches administrativos y declaraciones de ocasión.
El sistema penitenciario uruguayo no puede seguir siendo la “última prioridad” de la agenda pública. Mientras tanto, cada fuga y cada vacío de control son una amenaza directa para la seguridad ciudadana.
Un síntoma de algo mayor
El deterioro del INR no es un hecho aislado: es el reflejo de un Estado que llega tarde, con pocos recursos y sin planificación. Las cárceles son, en definitiva, una radiografía de la seguridad pública del país. Y hoy esa radiografía muestra fracturas profundas.
Uruguay no puede resignarse a normalizar que haya un guardia para 64 presos. No puede aceptar que el 20% de su personal penitenciario esté fuera de servicio. Y no puede continuar tolerando un sistema carcelario donde lo excepcional no es la fuga, sino la contención.
Edward Holfman EHM
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