Cárceles sin habilitación de Bomberos una deuda mortal del
Estado uruguayo
En Uruguay, la mayoría de los centros de reclusión no cuentan
con habilitación de Bomberos por una combinación de factores estructurales,
legales y políticos. De las 26 unidades penitenciarias, solo tres tienen la
habilitación correspondiente, y algunas están pendientes de renovación. Esta
situación ha generado preocupación y debate, especialmente tras incidentes del incendio
ex COMCAR donde fallecieron 4 personas privadas de libertad.
A continuación, detallo las principales razones de este grave
problemas:
Una Infraestructura obsoleta e inadecuada en muchos Edificios.
Varios establecimientos penitenciarios fueron construidos hace décadas, cuando
no existían los actuales requisitos técnicos de seguridad contra incendios y evacuación.
Estos edificios, no tienen salidas de emergencia adecuadas. Carecen de sistemas
de detección y extinción (detectores de humo, rociadores). Usan materiales
inflamables o inseguros.
Las excepciones legales y vacíos normativos. El sistema
penitenciario se considera parte del aparato del Estado y, en muchos casos, no
está sometido con la misma rigurosidad a las exigencias normativas que se
aplican al sector privado. No existe una ley que obligue directamente al
Ministerio del Interior a cumplir con la habilitación de Bomberos en todas las
cárceles. Se prioriza el funcionamiento operativo y administrativo de los
centros penitenciarios antes que su cumplimiento normativo.
La Falta de inversión en nuevos Edificios, también el
mantenimiento de los que ya existen. Las mejoras requeridas para obtener la
habilitación son costosas y requieren obras estructurales. La inversión en
cárceles suele estar al final de la lista de prioridades presupuestales,
incluso cuando hay riesgo para la vida humana no solo para las personas
privadas de libertad, también de los funcionarios que cumplen tareas en estos
centros penitenciarios.
Existe un desinterés político e de impunidad institucional.
Hay que decirlo no hay voluntad política sostenida para resolver el problema. Las
muertes por incendios en cárceles han ocurrido, pero no han derivado en
consecuencias penales ni políticas claras para los responsables del sistema. Esto
genera un entorno de impunidad donde el Estado incumple su propia normativa.
Hay una falta de control externo efectivo, más allá de la función
extraordinaria que cumple el Comisionado Parlamentario para el Sistema
Carcelario. El sistema carcelario no es auditado con fuerza por organismos
independientes y la sociedad en su conjunto en este aspecto.
El Comisionado Parlamentario puede señalar problemas, pero no
tiene poder ejecutivo ni sancionatorio.
Las consecuencias
del actual sistema penitenciario en Uruguay. Las cárceles uruguayas funcionan
en condiciones de riesgo permanente, como se ha visto en incendios mortales en
Rocha, Santiago Vázquez (ex Comcar), y Canelones, entre otros.
La seguridad en las cárceles no es un privilegio, es una
obligación del Estado. No hay excusas. Habilitaciones de Bomberos, prevención
de incendios, condiciones humanas: todo eso debe ser garantizado.
Edward Holfman
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