Lavado de activos (LA), crimen organizado (CO) y financiamiento de actividades terroristas (FT) Uruguay.

Lavado de activos (LA), crimen organizado (CO) y financiamiento de actividades terroristas (FT) Uruguay.

Editorial: Edward Holfman

Si Uruguay quiere plantearse una estrategia seria y efectiva contra el lavado de activos (LA), el crimen organizado (CO) y el financiamiento de actividades terroristas (FT), debería hacerlo como una política de Estado, no como un conjunto de medidas aisladas o reactivas.

El abordaje debe ser integral, técnico y con una fuerte coordinación nacional e internacional.

Este planteo se basa en cinco ejes estratégicos, con medidas concretas:


1. Marco normativo robusto y dinámico

  • Actualizar la Ley 19.574 y normas complementarias para:
    • Incorporar estándares del GAFI/FATF en tiempo real.
    • Penalizar de forma más severa la complicidad financiera y la obstrucción a la justicia.
    • Facilitar el decomiso ampliado de bienes cuando no se pueda justificar su origen lícito.
  • Regular criptomonedas y activos virtuales para evitar que se conviertan en canales opacos.
  • Incorporar en la ley la figura de testaferro profesional con sanciones severas.

2. Fortalecimiento institucional y coordinación

  • Crear una unidad especializada interinstitucional permanente que unifique inteligencia financiera, aduanera y policial.
  • Potenciar a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) con:
    • Acceso directo y en tiempo real a bases bancarias, tributarias y aduaneras.
    • Analistas financieros y criminales de alto nivel técnico.
  • Capacitar jueces y fiscales en delitos financieros complejos y decomiso internacional.
  • Blindar la independencia técnica de la SENACLAFT para evitar presiones políticas.

3. Inteligencia financiera y trazabilidad

  • Implementar plataformas de análisis masivo de datos para detectar operaciones sospechosas en tiempo real.
  • Integrar registros de beneficiarios finales y hacerlos accesibles para autoridades sin demoras judiciales.
  • Ampliar el uso obligatorio de pagos electrónicos y trazables para operaciones de alto monto.
  • Intensificar perfilamiento de riesgos en sectores vulnerables: inmobiliario, transporte marítimo, free shops, estudios contables.

4. Cooperación internacional real y no decorativa

  • Reforzar el intercambio con Europol, Interpol y agencias regionales (Ameripol, Red de Recuperación de Activos).
  • Negociar acuerdos bilaterales de asistencia judicial rápida con países clave en rutas de drogas y lavado (Brasil, Paraguay, España, Bélgica, Países Bajos, Emiratos Árabes).
  • Participar activamente en operativos internacionales coordinados (no solo enviar observadores).
  • Compartir y recibir alertas sobre operaciones sospechosas en puertos y zonas francas.

5. Respuesta operativa y disuasión

  • Unidades mixtas (policía, aduana, inteligencia) en puertos, aeropuertos y frontera seca con tecnología de escaneo en 100% de cargas de riesgo.
  • Operaciones sigilosas y de largo aliento contra redes financieras, no solo contra “mulas” o cargamentos aislados.
  • Publicidad de condenas y decomisos para generar efecto disuasivo.
  • Sanciones ejemplares a instituciones financieras y profesionales que faciliten el lavado.
  • Plan nacional de confiscación y reutilización social de bienes incautados.


Conclusiones: Uruguay no puede seguir jugando a la gestión de riesgos estilo “dejamos pasar si no genera violencia inmediata”.

La estrategia debe apuntar a golpear las finanzas del crimen organizado, porque si se corta el flujo de dinero, se desarma la estructura y la organización.

 

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